No hubo sorpresas. Y es que, aunque cabe recurso y las defensas ya lo han anunciado, las sensaciones durante el juicio del célebre caso Varadero no eran muy halagüeñas para los principales acusados. La jueza del juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife hizo pública ayer la esperada sentencia, que inhabilita por 7 años para cargo o empleo público por un delito que cree probado de prevaricación al exalcalde de El Rosario durante 32 años, el socialista Macario Benítez; a la exedil de Urbanismo por el PSOE, exconsejera insular de Medio Ambiente y ahora portavoz de Vecinos por El Rosario, Ana Lupe Mora, y a la actual secretaria municipal, María Anita Alonso, que deberá, por tanto, dejar su puesto en el ayuntamiento a la espera de si prospera o no los recursos de apelación, para los que hay un plazo de presentación de diez días.

La resolución de la juez supone una evidente y aplastante victoria de las tesis de la acusación particular, ejercida por IR-Verdes, partido que venció en votos durante las últimas elecciones, que actualmente gobierna la localidad en coalición con Sí Se Puede y que denunció desde 2004 esta operación urbanística, con cuatro sentencias ya a favor de sus argumentos, entre las que, aparte de la de ayer, destacó en 2007 la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló el proyecto previsto para esta zona del litoral.

Eso sí, la sentencia de ayer también da un pequeño varapalo a IR-Verdes por extender la acusación al resto de concejales que componían la comisión de Urbanismo en el consistorio en 2004 en una decisión que califica de "temeraria" a la hora de ejercer la acción penal. Por ello, obliga a la acusación particular a pagar las costas judiciales a los exediles Andrés Hernández García, Abel Acosta Armas, María Elba Delgado Martín y Laurentino Quintana Estévez. La juez los absuelve de todos los procedimientos en su contra por este caso.

El fallo respalda las tesis del fiscal, que se mostró muy contundente contra el exmandatario, la aún concejal y la secretaria, si bien pedía 8 años de inhabilitación que, al final, se han rebajado a siete. En una línea muy similar se mostró durante el juicio el abogado de la acusación particular, Pedro Arcila, quien, además, considera que la responsabilidad debía extenderse al resto de concejales presentes en la citada comisión urbanística porque un proyecto de este calibre, casi mil viviendas que inicialmente pudieron incluso completarse con un hotel, no podía aprobarse sin un mínimo conocimiento o petición expresa del máximo mandatario.

La sentencia considera probado que la actuación de los condenados supuso tomar decisiones contrarias a la legalidad de forma consciente. La gran clave pasa por haber aprobado este proyecto por silencio administrativo en 2004 cuando, desde noviembre de 2002 y porque el ayuntamiento pidió a la Cotmac que dejara este asunto sobre la mesa, no se produjo ningún paso más para tratar de salvar los escollos administrativos.

En ese periodo, el promotor recurrió a un informe jurídico externo que acaba siendo asumido por el gobierno local y considera que cabía la aprobación por silencio administrativo. Sin embargo, el fiscal, la acusación y la sentencia consideran que, desde ese momento, comienza la prevaricación, pues se respalda un proyecto que ni siquiera ha sido abordado en la Cotmac, pese a que existían hasta cuatro informes en contra de técnicos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente, que advertían de que no se podía desarrollar dicha urbanización porque la iniciativa contravenía la moratorio turística y el Plan Insular de Ordenación (PIOT). Esos informes son incorporados a las distintas causas abiertas hasta ahora por este caso y, aunque las defensas consideran que no deben ser tenidos en cuenta porque en ningún momento se hacen oficiales en una ponencia técnica, siempre han sido claves en las distintas resoluciones judiciales emitidas hasta ahora.

Según el fiscal, el proyecto se aprueba sin correcciones y, en una imagen que llamó mucho la atención durante el juicio, permite urbanizar la única zona del litoral de esta parte de la costa entre Santa Cruz y Güímar que se había salvad del urbanismo en buena parte descontrolado anexo. La secretaria municipal emitió informes que respaldaban la legalidad del proyecto, pero, finalmente, esta sentencia también cree que prevaricó en su actuación.

La defensa de Benítez mira a otras instituciones

Como ya hiciera durante las sesiones del juicio, el abogado del exalcalde, que también defendió a Fernando Clavijo en el reciente caso de las escuchas, insistió ayer en que no entiende cómo se ha emitido una sentencia de culpabilidad contra su defendido, la secretaria y la exconcejal de Urbanismo sin que, hasta ahora, no se haya procedido igual contra el Gobierno regional y el Cabildo de Tenerife. El letrado se refiere así al respaldo que ambas administraciones dieron en un momento determinado al proyecto de urbanización de El Varadero e, incluso, al Plan General que luego lo incluyó. Por eso, considera incomprensible que no se haya imputado en su día a los responsables de estas administraciones y, en tal caso, cree que esas actuaciones regionales e insulares reforzaron las tesis y decisiones del gobierno local. Como las otras defensas, este será uno de los principales argumentos que esgrimirá en su recurso de apelación. De todos modos, en el juicio quedó evidenciado el papel, cuanto menos, contradictorio o connivente de dichas administraciones con un proyecto que fue coleccionando, mientras y luego, sentencias en contra.