"Llevo casi tres meses sin cobrar y no puedo esperar más". Ricardo Pérez es una de las 3.500 personas que están esperando para cobrar la prestación canaria de inserción (PCI). Acudió al pleno del Parlamento la última vez que este tema estaba en el orden del día y se ha reunido con todos los partidos políticos que han querido escucharle. Pérez no entiende por qué se retrasa tanto, pero lamenta que aún no haya fecha exacta para el pago. La Consejería de Hacienda, que está tramitándola, espera que sobre el 15 de noviembre estén concluidos todos los procedimientos burocráticos previos y obligatorios que ha de sortear el documento legal para llegar a la Cámara.

La ley de crédito extraordinario, que asciende a 39 millones, incluye, además de 7,5 millones para la PCI y 1,5 para dependencia, 30 más para abonar el 25% de la paga extra que el Gobierno adeuda a los funcionarios.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asegura que han tramitado los expedientes de 3.500 personas con derecho a recibir la ayuda, entre renovaciones y nuevas altas reconocidas.

El caso de Ricardo Pérez es una renovación. No es el único y, según cuenta, hay personas que llevan esperando mucho más tiempo que él. "Tengo un compañero que va a cumplir cuatro meses", dice. Vivir así es complicado. Por eso, Pérez también ha solicitado ayudas al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde insiste en que no ha sido bien recibido. "Solo me ha ayudado Cáritas, que me ha dado dinero para poder pagar el alquiler del piso donde vivo", reconoce.

La falta de presupuesto para cubrir las necesidades de la población con derecho a PCI se repite prácticamente desde su creación, en 2007. El coste de la incorporación de nuevas altas y la renovación de usuarios ha sido un problema en los presupuestos de cada año. Las partidas iniciales nunca son suficientes para cubrir la demanda real y hay que articular medidas excepcionales para ir cubriendo los "agujeros". Sin embargo, estos parches provocan que siempre haya ciudadanos con el derecho reconocido que han de aguardar meses para poder cobrar. El Colegio de Trabajadores Sociales asegura que hay personas que esperan desde el año pasado para empezar a percibir la ayuda y que sobreviven con el apoyo de ONG y ayuntamientos.

"La clave son los presupuestos de 2016"

En el Colegio de Trabajadores Sociales no están sorprendidos por la situación en la que se encuentran los beneficiarios de la PCI. Llevan años denunciando el mal funcionamiento de esta ayuda, que tiene una doble finalidad: por un lado, implica atención profesional para encontrar empleo; y, por otro, un "colchón económico" durante "dos años".

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Tenerife, Iris Gómez, lamenta que la historia vuelva a repetirse, pero advierte de que el verdadero reto es lo que ocurra con los presupuestos de la Comunidad Autónoma en 2016. Las cuentas, que se prevén difíciles, deberían, a su juicio, incluir una partida lo suficientemente amplia para dar cobertura a todas las personas que lo necesitan.

Esta ayuda, explica, está diseñada para garantizar que las personas que están en situación de extrema vulnerabilidad puedan concentrarse en la búsqueda de empleo, con el asesoramiento correspondiente. Sin embargo, muchos beneficiarios cobran durante seis meses la ayuda y luego, cuando han de renovar, se encuentran con la situación que siempre se repite: no hay fondos. "Mucha gente se ha quedado bloqueada en las renovaciones, y otros que las pidieron a finales del último año y que cumplen los requisitos nunca la han recibido".

La incertidumbre sobre los presupuestos canarios para el próximo año también llega a los funcionarios. Fernando Escrich Esteban, secretario general de SEPCAE, explicó a este periódico que el Gobierno ha convocado una mesa de empleados públicos para analizar el tema de la paga extra. "No creemos que haya problema con que abonen el 25% de la extra prometida para este año, pero sí nos inquieta bastante qué va a ocurrir el próximo con lo que falta".