La Gran Recesión de 2008, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, se ha traducido en un empobrecimiento colectivo. El desempleo y la doble precariedad laboral (la salarial y la temporalidad) nos han conducido a una paulatina proletarización de las clases medias, a la pauperización de las bajas y a una evidente y preocupante tendencia a la cronificación de las situaciones de pobreza. La respuesta europea y la española ante la crisis han sido idénticas: la austeridad. Y la consecuencia, o tal vez parte de la estrategia, el desmantelamiento paulatino del estado de bienestar, provocando un inquietante aumento de la desigualdad que, indudablemente, incrementa el riesgo de confrontación.

Tras siete años de recortes cabe preguntarnos en qué punto estamos. Intentaremos dar solo una aproximación sumando cuatro hechos de todos conocidos, pero que, abordados conjuntamente, nos pueden acercar a la realidad. La brecha salarial y el coste de la vida; el paro y las prestaciones por desempleo; la precarización salarial y la baja temporalidad de los contratos.

En 2014 los salarios de los directivos españoles aumentaron el 10% y el de los consejeros del IBEX-35 el 24,1%. Mientras los salarios de los empleados bajaron un 0,64%. En general, las rentas de capital han crecido de manera desorbitada y las laborales se han reducido unos 10 puntos, incrementado la brecha salarial. En nuestra comunidad, con salario medio anual de inferior en 6.400€ al de un madrileño y con la cesta de la compra entre la tercera y la quinta más cara de España, el fenómeno se agrava.

La última EPA refleja que 336.500 canarios están desempleados. No obstante, el paro registrado es de 242.313. ¿Significa esto que 100.000 han perdido la esperanza y, en consecuencia, ni tan siquiera acuden a apuntarse a la lista de desempleados? A ello, debemos añadir que 140.609 de los canarios registrados en el paro no cobraban ninguna prestación. ¿Quiere decir que casi doscientos cincuenta mil canarios en edad de trabajar sobreviven o malviven por el apoyo familiar, con las ayudas de las ONG o de la economía sumergida?

Pero acontece además que el 30% de los asalariados posee un contrato de carácter temporal. Y esa temporalidad afecta especialmente a nuestros jóvenes. Los grupos de edad entre 25 y 35 años son los mejor formados de nuestra Historia. Pero, el 35,6% de los titulados universitarios canarios no tiene empleo y el 44,5% tiene un trabajo de inferior cualificación a su titulación. El alto índice de desempleo, la precarización salarial o la alta temporalidad del empleo les impide iniciar un proyecto familiar. Con esto, no solo ven hipotecado un derecho natural sino que, además, anuncia un problema demográfico de incalculables consecuencias sociales y económicas por el hecho de no alcanzar la tasa de reposición.

La tasa de pobreza en Canarias en 2014 fue del 27,6%. Cinco puntos más que en España. La respuesta del Gobierno central ha sido recortar las inversiones por valor de 760 millones solo en carreteras o eliminar los 84 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias... Por cierto, sorprende que la dirigencia de un sector empresarial muy concreto, de reciente vocación epistolar, no haya remitido ninguna carta a La Moncloa.

En la Cumbre de la ONU de septiembre pasado, 193 países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos sociales, económicos y medioambientales. El primero de ellos es el fin de la pobreza. Lograrlo, afirman, pasa por actuar contra la injusticia y la desigualdad, protegiendo la educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones y los Servicios Sociales. Pero sobre todo, proponen proteger y propiciar el derecho a un trabajo digno y con un salario justo.

Pero, ¿cómo proceder? El impacto de las dos guerras mundiales hizo pensar a algunos contemporáneos que Europa se precipitaba definitivamente al abismo. Pero se produjo una inesperada recuperación. Y no vino, precisamente, de mano de la austeridad. Al contrario, asistimos a un esfuerzo, a priori, técnicamente deficitario, pero, a posteriori, enriquecedor, porque la salida de la pobreza de los más desfavorecidos significaría, y significó, el aumento de la demanda, del consumo y de la producción.

Uno de sus pilares fue el Plan Marshall. Con él, y no sin oposición interna, los norteamericanos se propusieron proveer a Europa occidental de productos sin coste alguno, con la sola condición de que los fondos obtenidos por los gobiernos de la nueva Europa se destinaran a inversiones estructurales, que generarían empleo e infraestructuras. Tocaba a su fin la vieja política de empobrecer al vencido. Se trataba, sobre todo, de evitar el coste social de la depresión económica: el desempleo y sus efectos perversos.

El segundo pilar fue la construcción del Estado del bienestar. Los socialdemócratas, por convencimiento, y los conservadores, como profilaxis en evitación de revoluciones sociales y de las reacciones fascistas, llevaron a cabo profundas reformas sociales y fundaron nuevas instituciones. Bajo la idea de que el estado físico y moral de la ciudadanía eran de interés público, nacía el Estado del bienestar. La mayoría de los gobiernos europeos se volcaron en la dotación de servicios como la educación, la sanidad, la vivienda, la subvención al transporte y otras prestaciones. Y todo ello en la posguerra, en una época honda de crisis económica y con escasez de recursos públicos. El estado del bienestar era caro, pero doblemente necesario, por justicia y por precaución. Y así fue que la Europa posbélica creció en prosperidad aprendiendo de su traumático pasado.

Hoy, sin embargo, el sector mayoritario de la dirigencia de la europea y el Gobierno de España, parecen haber olvidado la Historia. No deja de ser curioso que sean voces extra-poder europeas, y otra vez la de EE UU, las que hayan planteado una quita rotunda a Grecia, por cierto sin ningún éxito. Los sistemas de bienestar para algunos, entre los que nos incluimos, son indefectiblemente redistributivos. Es decir, requieren de la transferencia de recursos de los que más tienen a los que menos mediante los impuestos. Pero para otros, para los que no compartan la tesis anterior, debiera ser una medida profiláctica y preventiva en evitación de la confrontación y en aras de la paz social. Hasta los años ochenta del pasado siglo parecía existir coincidencia, si no en el fundamento, sí, aunque fuera parcialmente, en la estrategia. Quizás va siendo hora de recuperar la memoria histórica y abordar un cambio de estrategia.

*Comisionado e Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias