El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, adelantó ayer algunos datos de lo que serán los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, unas cuentas que, después de varios años de restricciones, crecerán en torno al 6% al ascender a 7.113 millones de euros. Aunque el incremento respecto a las cuentas de este ejercicio es de 400 millones, la capacidad real de gasto estará alrededor de los cien millones, debido a las reglas establecidas por el Estado para controlar el déficit. Se trata, por tanto, de un presupuesto condicionado, pero que va a servir para poner sobre la mesa las verdaderas prioridades del Ejecutivo de Clavijo. De lo apuntado ayer por el presidente se deduce que hay una apuesta clara por los servicios sociales y, especialmente, por la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la financiación de la Ley de Dependencia, dos cuestiones a las que el Gabinete de Paulino Rivero prestó poca atención, tal y como se ha demostrado en los últimos meses y quedó patente en la información recogida ayer en este periódico. Junto a estas dos materias, sanidad y educación también tienen un trato preferente en las partidas de 2016, con el fin de mejorar su funcionamiento. Conviene recordar la preocupación que existe entre los canarios por la situación en la que se encuentran ambos servicios.
La presentación del presupuesto, que el Gobierno prevé aprobar el jueves, fue aprovechada por Fernando Clavijo para hacer una valoración de los cien primeros días de su Ejecutivo, periodo en el que, según dijo, el principal objetivo ha sido "fijar las bases de una nueva forma de hacer política basada en el consenso y el diálogo". Sin duda, esa es la principal conclusión que se puede sacar de esta etapa, pues apenas ha dado tiempo para más. No obstante, el camino emprendido por el presidente ha dado buenos resultados, ya que ha servido para desbloquear las relaciones con el Estado, y, fruto del nuevo clima, que este condonara a Canarias la compensación del Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE); o para resolver algún que otro conflicto de orden interno como el surgido en el ámbito de Obras Públicas y las carreteras. Habrá que esperar algo más de tiempo para poder enjuiciar la labor del Gobierno con suficientes elementos sobre la mesa y mayor profundidad.
Resulta realmente inexplicable que una vez conseguido que el Estado condone a Canarias la compensación del ITE, lo que supondrá que las arcas del Archipiélago dispongan de unos 160 millones de euros más, ahora no exista acuerdo sobre el criterio que debe utilizar el Gobierno para repartir esos fondos. ¿En qué están pensando algunos dirigentes de estas Islas? No se entiende que hace una semana se viera con buenos ojos la idea de utilizar la triple paridad, para distribuir ese dinero, y siete días después sea motivo de enfrentamiento del Cabildo grancanario con el resto de las islas y el propio Ejecutivo. Solo hay una explicación. Desde la isla redonda, una vez superada su protesta por las carreteras, necesitan otro motivo para estar a la gresca.