Desde que la burguesía de Las Palmas conquistó la división de Canarias en dos provincias, arrebatándole la capitalidad única a Santa Cruz, la lucha por la preponderancia entre las dos ciudades ha sido incesante. La vida de las Islas ha estado marcada por esa pelea de dos gallos que han perdido sus plumas picoteandose por el hueso de cualquier inversión.

Madrid utilizó siempre sabiamente la rivalidad de los canarios para crear una interesante desunión y debilitar el músculo de la sociedad de las Islas. Pero la llegada de la democracia y la autonomía trajo tiempos de cambio. La tierra lejana que servía de destierro y castigo para profesores universitarios díscolos o funcionarios por reciclar, tuvo que construirse sobre nuevas bases que no incluían a los Cabildos insulares. Tal vez por la mala conciencia de dejarlos fuera de la construcción del Gobierno canario, los padres del Estatuto de Autonomía dieron a las islas menores un número de diputados igual al de las islas más pobladas. Poco más de 350.000 personas tienen hoy los mismos representantes en el Parlamento (30 diputados) que los restantes 1.800.000 ciudadanos. No es el único lugar de España donde existe sobre representación de algunos territorios (de hecho ocurre en bastantes sitios) pero es el lugar donde mayor representación se otorga.

Este sistema de equilibrios -y el auge económico- ha favorecido el desarrollo de islas que vivieron en el subdesarrollo y la marginación hasta el comienzo mismo de la autonomía. Unamuno ya no reconocería las polvorientas carreteras de Fuerteventura y en todas las islas menores, con sus excesos y sus defectos, se ha producido un aumento de las inversiones, una mejora de los servicios y de la calidad de vida. Aquellas migraciones masivas de las islas pobres a los cinturones urbanos de las grandes capitales Canarias son ahora un lento goteo de jóvenes profesionales que no encuentran en los mercados de sus islas un nicho laboral adecuado a su formación universitaria. Claro que lo mismo ocurre con los jóvenes canarios, en general, cuando se tienen que marchar del Archipiélago.

Nuestra sociedad protege a los débiles con medidas extraordinarias. Por eso existen fondos destinados a luchar contra la violencia de género, asignaciones presupuestarias para las familias sin ingresos o planes especiales para sectores económicos deprimidos. Hay que ser bastante duro de corazón o de mollera para oponerse a esa manera de entender la política. ¿Son más débiles unos canarios que otros?

Las fuerzas insularistas se han puesto en macha para evitar que 160 millones se repartan por igual entre las cinco islas menores y las dos mayores. Gran Canaria, en este caso, quiere la parte proporcional a sus habitantes. El Gobierno autonómico quiere transferir renta de los que más tienen a los que menos disfrutan, de los más ricos a los más pobres. Y eso es objetivamente solidario. Tenerife se ha puesto como un tiro del lado de los cinco cabildos de las islas no capitalinas. Los políticos grancanarios meten la pata muy hondo al oponerse al reparto. No por ser egoístas, sino porque es un error político enfrentarse al resto del Archipiélago.