El Gobierno canario empleará a desempleados en la construcción y rehabilitación de viviendas de protección oficial. La medida, que se incluirá en el nuevo Plan de Vivienda de Canarias, pondrá fin a una etapa caracterizada por la ausencia de una estrategia en materia de vivienda en las Islas. "No tendría sentido aprobar ahora el plan diseñado para el período de 2013 a 2016", reconoció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández.
Esta nueva hoja de ruta tendrá como prioridad garantizar el acceso a una casa "a un precio razonable", explicó. "El parque de viviendas en Canarias supera el millón. Por tanto, el problema que estamos teniendo no es de espacio, sino que es una consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Eso se tiene que acabar".
La también consejera de Vivienda del Ejecutivo canario hizo estas declaraciones en la comisión celebrada ayer en el Parlamento autonómico. Hernández, que compareció a petición de Nueva Canarias (NC), criticó el "brutal" recorte del Gobierno central durante los últimos años. "En 2011 tuvimos 636 viviendas protegidas y en 2014, solo 184".
Luis Campos (NC) no solo dio la razón a Hernández sino que fue más allá y extendió su crítica tanto al ejecutivo autonómico como al central: "Creo que el plan de vivienda anterior no se puso en marcha porque no se quería dejar en evidencia la nula promoción de vivienda pública. Durante la legislatura pasada no se construyó ninguna nueva, solo se continuó con lo que ya estaba en marcha. No hubo fondos del Estado, pero tampoco regionales", precisó.
Nueva Canarias no fue el único partido en poner sobre la mesa la necesidad de contar con un diagnóstico y una receta para acabar con los problemas de alojamiento que hay en las Islas. Lo hizo el grupo popular, que pidió un cambio radical de las políticas desarrolladas hasta el momento, y también el socialista, que demandó un análisis riguroso de la situación. Hernández aseguró que para poder presentar el proyecto se está trabajando en el censo de viviendas vacías, un catálogo del que se empezó a hablar en la legislatura pasada, pero que se paralizó cuando el Tribunal Constitucional (TC) suspendió cautelarmente varios puntos de la ley canaria de derecho a la vivienda.
Este registro, apuntó Hernández, se elaborará en colaboración con entidades bancarias, ayuntamientos y cabildos. "Es imprescindible contar con él para decidir la estrategia que se seguirá. No se trata solo de cuántas hay, sino de en qué estado se encuentran y de qué intervenciones deberá liderar el Instituto Canario de Vivienda", subrayó. Además, la responsable admitió que la cifra actual de demandantes de una vivienda pública no refleja las necesidades reales de los canarios. Hay 15.000 personas apuntadas, pero somos conscientes de que hay muchas que no lo han hecho y que también necesitan urgentemente una casa".
Para dar cobertura a más familias, "el Ejecutivo garantizará que no haya ni una casa pública vacía y agilizará las segundas adjudicaciones cuando se produzcan procedimientos fallidos".
las claves
11 viviendas sin entregar. La viceconsejera de Vivienda y vicepresidenta detalló en comisión parlamentaria las viviendas de protección oficial que aún no se han adjudicado. Según sus datos, hay diez en la provincia occidental, casi todas en Tenerife, y solo una en la oriental, concretamente en Gran Canaria. Además, hay una sin adjudicar en La Gomera.
La PCI, sin fecha. Nueva Canarias volvió a preguntar, sin éxito, cuándo llegará la ley de crédito extraordinario al Parlamento. Hernández lo remitió a Hacienda.
Dependencia y paro. Teresa Cruz Oval, del PSOE, sostuvo que solo la mitad de los dependientes reconocidos está recibiendo prestación. Vinculó el recorte en dependencia con la tasa de paro.
Igualdad. Podemos preguntó por la estrategia de igualdad en materia de empleo y lamentó la supresión de políticas específicas para compensar la desigualdad entre sexos.