Las trabajadoras sociales del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ya han tramitado y remitido este año al Gobierno de Canarias 1.974 expedientes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), pero solo se están abonando 305 de ellas. Es decir, que solo el 15,4% de los expedientes de PCI tramitados en Santa Cruz de Tenerife se están pagando.

Estas cerca de 1.600 familias forman parte de las 3.500 que, en toda Canarias, están esperando por el cobro de la PCI, que depende a su vez de que el Ejecutivo autónomo apruebe la Ley de Crédito Extraordinario.

Según publicó el sábado EL DÍA, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias espera que el 15 de noviembre estén solventados los procedimientos previos para que la ley llegue a la Cámara. Dicha Ley prevé un crédito de 39 millones de euros, de los que 7,5 son para el abono de la PCI.

La PCI la tramitan los ayuntamientos, a través de trabajadores sociales, pero la abona el Gobierno de Canarias. Cada año, se producen retrasos del pago de la PCI porque el Gobierno de Canarias no destina dinero suficiente en los presupuestos de la comunidad autónoma.

Desde que comenzó el año hasta el pasado mes de septiembre, 3.560 familias han solicitado la PCI en Santa Cruz de Tenerife. La inmensa mayoría, 1.974, han sido tramitadas para que se paguen por cumplir los requisitos legales. Un total de 722 personas desistieron por cambiar sus circunstancias personales y 524 se han denegado por no cumplir los requisitos de la ley.

De los 1.669 expedientes de PCI finalizados por las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pero sin abono por parte del Gobierno de Canarias, 514 corresponden a renovaciones informadas positivamente y 498 están en una fase denominada de prebastanteo. Estas últimas no están abonadas por diferentes razones, aunque la principal es la falta de fondos del Ejecutivo autonómico. Por último, hay 657 que se encuentran en una especie de limbo procedimental, a la espera de valoración por parte del Gobierno de Canarias.

La situación de impago no solo es dramática para los afectados, que dependen de la PCI para vivir, sino que también es frustrante para las siete trabajadoras sociales del IMAS que las tramitan. Con solo 283 familias en lista de espera de 3.560 que han solicitado la PCI (menos de un 10%), la rapidez con la que ellas montan los expedientes es un esfuerzo estéril si el Gobierno de Canarias no las abona con la misma celeridad.

Cada una de las unidades familiares que tienen derecho a la PCI la conforman una media de 3,1 personas. Cuando no perciben esa prestación básica, vuelven a acudir a los Servicios Sociales municipales, que ya han hecho su trabajo, para solicitar ayudas de subsistencia hasta que se les abone lo que se les ha reconocido sobre el papel.

Por otro lado, con los plazos que maneja la comunidad autónoma es difícil saber si a estas personas les llegará la PCI por Navidad o tendrán que esperar aún más tiempo por unas cantidades que necesitan para afrontar sus necesidades más básicas.