La Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) exigió ayer su cierre "sin condiciones", después de que el Ministerio de Interior haya reconocido que incumple la legalidad en estas infraestructuras.
La plataforma CIE NO considera que las necesidades económicas, presupuestarias o de personal "nunca pueden ser excusa para someter a las personas a la vulneración de sus derechos fundamentales".
Por tanto, razonan los integrantes de este colectivo, el único camino ahora es el cierre de estos centros de detención existentes en España.
La respuesta del Ministerio de Interior sobre las condiciones en que se encuentran los centros de internamiento de extranjeros se ha producido tras un auto de 31 de julio pasado, emitido por la juez de control del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria.
Esta juez emitió un auto el mismo mes de julio en el que ponía de relieve el incumplimiento del Real Decreto 162/2014, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros en Barranco Seco.
La magistrada detallaba que ese CIE "no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni salas de visitas" y que se vulnera el derecho a la salud "tanto en la vertiente psíquica como física", puesto que no existe personal cualificado en el centro, además de que adolece de falta de orientación jurídica y de intérpretes y el sistema de quejas no se cumple. Además, denunció la situación de discriminación de las mujeres internas, ya que "no hay personal policial femenino" y que "en los kit de higiene no se incluye material específico de higiene femenina".
La respuesta por parte del Ministerio de Interior admite que se incumple el reglamento de los centros de internamiento e indica que "el auto judicial podría conllevar una decisión de cierre del de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabrían resoluciones similares", según se cita en el comunicado remitido ayer por la Campaña por el Cierre de estos centros.
"Cuando el propio Ministerio del Interior reconoce que es incapaz de cumplir un reglamento que él mismo ha diseñado, en un Estado de Derecho solo queda una salida: el cierre de estas instalaciones", exige la plataforma en un comunicado.
La campaña asegura que los CIE son "una pieza más dentro del sistema de represión de la migración" y denuncia también el aumento de las deportaciones realizadas en 72 horas desde comisaría, sin paso por los centros de internamiento y en muchos casos sin asistencia legal, así como "el negocio que suponen los vuelos de deportación, por los que Air Europa se embolsa cantidades millonarias cada año a través de un contrato con el Ministerio".