El concejal de Ciudadanos (C''s) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan Arturo San Gil, ha denunciado "reiterados incumplimientos" en el contrato de adjudicación del Museo Naval, ubicado en el Barco de la Virgen, y del Centro de Interpretación de la Bajada de la Virgen, en el Museo de Arte Contemporáneo; que se reabren al público mañana, viernes.
Ciudadanos ha lamentado que no se haya creado "una comisión para hacer el seguimiento de los acuerdos adoptados", puesto que "no se ha podido controlar si la empresa adjudicataria ha realizado las inversiones iniciales que exigía el contrato", y de haberse hecho, "no hay justificación de dónde se ha invertido ese dinero".
C''s no entiende además cómo el consistorio capitalino ha decidido privatizar un servicio municipal que generaba beneficios económicos a la institución. Al respecto, ha instado al equipo de gobierno a que explique públicamente "por qué han seguido adelante con la privatización de este servicio, que fue iniciada en la anterior legislatura por el Partido Popular", y lo que es más importante, "por qué no se ha paralizado la adjudicación para resolver los incumplimientos detectados".
"No es de recibo que un museo que recauda en torno a 30.000 euros anuales en entradas se privatice", ha manifestado el edil de C''s, quien ha explicado que "la empresa tan solo se hará cargo de la gestión, del seguro de responsabilidad civil y del personal que contrate", mientras que el ayuntamiento "seguirá pagando los gastos de mantenimiento, el agua, la luz y la limpieza". Por todo ello, Juan Arturo San Gil ha lamentado que "se haya impuesto a la empresa un canon anual de 900 euros más el 10% de lo que se recaude con las entradas", cantidad que a su juicio "es insignificante si se tiene en cuenta la facturación anual".
En relación con el coste de las entradas, San Gil ha denunciado que "el consistorio no dispone de un control interno de las emitidas", por lo que "fijar los ingresos será cuanto menos dudoso".
A ello hay que sumar, siempre según el comunicado de Ciudadanos, que por contrato la empresa "podía fijar un nuevo precio que no superase el 40% del actual", que es de tres euros, y, sin embargo, han previsto "incrementarlo hasta los seis euros para los turistas, cuando según el acuerdo no podría ser superior a 4,5".
Por tal motivo, el edil ha pedido a la corporación que "revise y trabaje para que no se ponga esa tarifa", puesto que "los grandes perjudicados de este tipo de acciones vuelven a ser como siempre los palmeros y los turistas que visitan la Isla".