Este reportaje no refleja voces de políticos ni de altos funcionarios, sino de trabajadores sociales que cada día afrontan la tarea de luchar contra la exclusión en Santa Cruz. Así relatan su experiencia sobre un caso muy particular: "Nuestro trabajo debe quedar en un ámbito discreto, pero se comentan tantas cosas, sobre todo en las redes , que resultaba necesario explicar qué estamos haciendo". Así se refirieron desde el IMAS al expediente de Josefina y Francisco, una pareja que vive desde hace seis años en una vivienda sin techo del barrio de Tíncer y en unas condiciones infrahumanas. La intervención social desde la UTS de Barranco Grande comenzó a raíz de una denuncia presentada en la sede del Instituto en la calle San Pedro Alcántara el pasado 17 de agosto.

Además de relatar cronológicamente todo el proceso desde ese 17 de agosto hasta el 2 de septiembre, "cuando tuvieron su última cita", desde el Instituto Municipal de Atención Social explican que "ahora tienen cuatro bonos de transporte para que se muevan y se les ha dado una PEA de alimentos de El Corte Inglés, entregada el pasado 22 de septiembre, por un importe de 81,39 euros". Pero no es suficiente. Por ello, "les hemos facilitado bonos de alimentos para seis meses a recoger los días de reparto, a través de la AV 7 Islas de El Sobradillo donde han sido derivados". Además, la asociación Unidos Por Ti también les ha ayudado con comida.

Lo principal es que "a Francisco se le gestiona una PCI por vía de urgencia y a Josefina se le valora el grado de discapacidad para acceder a otra". Asimismo "se tramitará otra PEA de alquiler social con una aportación de 2.400 euros al año. Resulta difícil gestionar que tengan luz y agua en el inmueble al ser propiedad de un tercero".

Josefina y Francisco parecen ver una "luz social" al final de su particular túnel de exclusión.

Historia de un proceso

"El mismo día 17 de agosto- relatan las fuentes- una trabajadora social realizó la visita domiciliaria (a la casa de la calle Maximino Bacallado del barrio del Suroeste) junto a un técnico del Servicio de Control y Gestión Medioambiental, ya que en la vivienda también había numerosos animales, perros y gatos en concreto". Es ahí cuando "se detecta que viven de ocupas en la propiedad de un tercero que les deja el inmueble, aunque sin agua ni luz. La consiguen a través de enganches o de un chorro cercano. Tanto Josefina, de 61 años, como Francisco, de 50, con hijos mayores de edad de diferentes parejas, subsisten gracias a pequeños trabajos puntuales y de la venta de chatarra, el oficio del hombre antes de quedarse en paro, situación prolongada". Desde el IMAS apuntan que "en ese momento no estaban ni siquiera empadronados en Santa Cruz. Solo constaba que habían solicitado una cita para acceder a una PCI en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna. La pidieron y fueron una vez, pero no volvieron para seguir con los preceptivos trámites. En los servicios sociales del municipio vecino manifestaron que estaban viviendo en casa de un familiar con dos tías".

Visitas posteriores

Una vez realizado el primer informe, el 21 de agosto la UTS realizó la segunda visita. En ese momento, "se les entregó un modelo para el empadronamiento y se les informó de que una vez empadronados se les entregarían, como así ha sido, bonos de transporte social (en concreto cuatro), además de información para que Josefina pudiera obtener su DNI, ya que carecía del mismo". En ese instante "conocieron todos sus derechos sociales, las posibles ayudas, etcétera. Y la trabajadora social asignada se ha puesto a su disposición para cualquier tipo de urgencias". concluyen las fuentes.