El Gobierno de España, una de las cuatro administraciones que integran el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz, reclama a la entidad creada para relanzar la ciudad turística la devolución de 1,5 millones de euros aportados por el Estado. El Ministerio de Industria y Turismo considera, de acuerdo con informes de la Abogacía del Estado, que esas aportaciones debieron gastarse antes del 31 de diciembre de 2013, fecha en la que expiró el Plan de Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas (PRIT), y ahora pone en duda las inversiones posteriores.

El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé (CC), ha mostrado a EL DÍA su preocupación por la postura del Estado, "que supone un grave riesgo para los intereses de la ciudad turística".

Bernabé tilda de "kafkiana" la situación, "ya que los representantes del Estado en el Consorcio siempre han respaldado las actuaciones de la entidad y, hasta ahora, no habían mostrado ninguna reticencia a las inversiones".

"Tanto la Intervención como la Secretaría del Consorcio -que están a cargo del interventor y el secretario del Cabildo- consideran que pese a la caducidad del PRIT, la labor del Consorcio continúa con el Plan de Modernización y Mejora (PMM) del Puerto de la Cruz, por lo que esta reclamación no tiene sentido. Existen argumentos tremendamente sólidos en defensa del interés general y del bien común. Hay argumentos técnicos, aparte de un compromiso firme para sacar adelante el Puerto de la Cruz", detalla.

"Si el Estado termina por reclamar el reintegro de esa cantidad -que está en las cuentas del Consorcio- cometería lo que consideramos alta traición institucional al Puerto de la Cruz. Y acudiríamos a los tribunales", adelanta.

En opinión de Bernabé, "sería inaceptable y absurdo que el Estado pidiera el reintegro de casi todo el dinero que ha aportado al Consorcio. Si lo reclama, ¿de qué habrá servido su presencia? Además, el Estado aún no ha ingresado su aportación de 2015 y tienen consignada una nueva partida de 500.000 euros para 2016. Si el compromiso existe, debe demostrarse con hechos".

"La próxima semana contestaremos al escrito del Estado y esperamos que se atiendan los argumentos de peso del Consorcio", subraya el consejero.

En todo caso, Bernabé sentencia que el compromiso del Cabildo con el Consorcio es "inquebrantable" y adelanta que, "haga lo que haga el Estado", seguirán "apostando por la ciudad".

El exedil de Urbanismo del Puerto de la Cruz y consejero insular, Sebastián Ledesma (PP), formó parte del Consorcio hasta las pasadas elecciones. A su juicio, "se trata de una cuestión de interpretación jurídica, no de voluntad política", y añade que "la voluntad del Estado es seguir en el consorcio, al margen de que esa reclamación acabe en un tribunal".

Ledesma comparte la tesis de los técnicos del Cabildo de Tenerife de que esas cantidades no se deben devolver, "ya que no se trata de subvenciones, sino de aportaciones que, por cuestiones sobre todo urbanísticas, no se han podido gastar antes".

las claves

Existe una discrepancia jurídica y técnica entre el Gobierno de España y el Consorcio portuense sobre las inversiones de la entidad a partir del 31 de diciembre de 2013, cuando se dio por finalizado el Plan de Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas.

La Abogacía del Estado considera que las inversiones realizadas con posterioridad a la citada fecha no pueden justificarse, por lo que reclaman la devolución de alrededor de 1,5 millones de euros aportados por el Gobierno de España.

El Cabildo insular opina que si el Estado sigue adelante con esta reclamación habrá que llegar al juzgado y la administración central cometería "alta traición institucional".