El II Foro del Alquiler Vacacional en Canarias ha permitido a los propietarios y gestores de estas viviendas turísticas añadir nuevos argumentos a la lucha que mantienen para contar con una regulación legal que no suponga -como la aprobada al final de la pasada legislatura por el Gobierno regional- la exclusión de la mayor parte de la oferta.

El encuentro, celebrado el pasado lunes y organizado por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), contó con la participación, entre otros, del director de Asuntos Inmobiliarios de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), Juan Carlos García, quien reveló que esta modalidad de alojamiento no genera más quejas entre los clientes que otras, al tiempo que aseguró que las viviendas vacacionales no suponen una amenaza para la calidad.

La entidad que defiende los derechos de los consumidores registra escasas reclamaciones relacionadas con los establecimientos turísticos de cualquier tipo -solo un 0,3% de las 280.000 que se reciben cada año-. Dentro del sector, "el alquiler no aporta mayor problemática", indicó García.

Lo que prima, desde el punto de vista de los usuarios, es "la capacidad de elección informada". Hay clientes, apuntó el representante de la OCU, para los que las viviendas son "la única opción" de alojamiento turístico. Es el caso de algunas familias con niños. "Ahí ni siquiera hay discusión", dijo.

Otro de los participantes en el foro, el arquitecto y urbanista Hugo Luengo, alertó sobre la desigualdad jurídica que supone, ante la ausencia de una normativa autonómica que dé coherencia a esta actividad, la existencia de normas para cada isla. "Se dan siete legalidades distintas", opinó.

Los intervinientes en el encuentro advirtieron de la "inseguridad jurídica" y los "agravios comparativos" que comporta esta situación. Existe la sensación de que el decreto aprobado por el Ejecutivo canario -todavía en vigor, pese al pronunciamiento del Parlamento para que se paralice- es interpretado por cada administración insular según sus propios criterios y la documentación que exige cada uno de ellos no es homogénea.

El retraso en la elaboración de una norma que saque a las viviendas vacacionales de la alegalidad -o de la ilegalidad, tal y como se encuentran las situadas en zonas turísticas desde que el Gobierno dio luz verde al decreto- representa un problema añadido, puntualizó la presidenta de Ascav, Doris Borrego: la imposibilidad de que el propio sector participe en las plataformas de comercialización. "Si estuviéramos en la legalidad, tendríamos una parte del pastel". Entre tanto, afirmó, se sigue "engordando" los "monopolios".

las claves

Las reclamaciones relacionadas con los alojamientos turísticos solo suponen el 0,3% de las que recibe cada año la OCU. Dentro del sector, el alquiler vacacional "no aporta mayor problemática", según la organización.

La "capacidad de elección informada" es, desde el punto de vista de los consumidores, el elemento clave a la hora de acceder a un alojamiento.