El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley (PNL) planteada por el grupo Podemos, en la que insta al Gobierno regional a "elaborar un plan de garantía habitacional inmediata para toda aquella mujer que, previa valoración de los servicios sociales especializados, ostente la condición de mujer violentada por violencia machista", con independencia de que tengan una orden de protección o no.

Dicho plan deberá incluir que "la Comunidad Autónoma facilite en el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de solicitud presentada por parte de los servicios sociales especializados correspondientes, el acceso a una vivienda dotada de todos los suministros necesarios".

La iniciativa, defendida por la diputada de Podemos María del Río, fue debatida en el Pleno de la Cámara autonómica por Guadalupe González Taño, del grupo nacionalista canario; Teresa Cruz, del grupo socialista canario; Emilio Moreno, del grupo popular; María Esther González, del grupo Nueva Canarias; y Melodie Mendoza, del grupo mixto.

La PNL exige "ampliar el ámbito de aplicación de la ley 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, a todas las formas de violencia contra la mujer", de acuerdo con lo exigido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por España.

La proposición promovida por Podemos también pide al Ejecutivo regional que realice, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, "una evaluación de los recursos públicos y del impacto de todos los planes, programas, servicios en materia de igualdad y prevención de violencia machista dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias". Esta evaluación deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses.

El Parlamento insta también al Gobierno autonómico a garantizar, en el marco de la Ley de Municipios Canarios, el mantenimiento de todos los servicios sociales de atención a las mujeres que se venían realizando por los entes locales.

Para ello, el Ejecutivo deberá "facilitar la cooperación efectiva para que mantengan la red de recursos y servicios de atención a mujeres, como instrumento que garantice la amplia accesibilidad a la red de recursos de prevención, promoción y asistencia."