Pese a que la corrección requerida por la Viceconsejería de Administración Pública fue aprobada por unanimidad, el anterior gobierno municipal (PSOE) incurrió en un presunto delito de dolo al aprobar (6 de marzo pasado) el Presupuesto del Ayuntamiento de Candelaria para este año consciente de que contenía supuestas ilegales advertidas por el secretario. Eso sería así en el caso de que el asunto estuviera en la vía judicial, no en la administrativa, como se encuentra actualmente, señaló el portavoz del PP, Juan Miguel Olivera.
"No es una simple imprudencia", dijo el concejal, quien se sumó a la petición de responsabilidades políticas por parte de los cuatro concejales socialistas que continúan en el actual gobierno local, entre ellos el responsable de Personal, Francisco Pinto, y la propia alcaldesa.
José Fernando Gómez (Vecinos por Candelaria) y Mayca Coello (Sí se Puede) fueron especialmente críticos y exigentes de respeto a la legalidad vigente. "Son herederos del gobierno más corrupto que ha tenido el municipio", dijo el primero, mientras que para la portavoz de la formación ecosocialista, "no se puede derivar toda la responsabilidad a los tribunales y no asumirla en la vía política".
El concejal de Hacienda, Airam Pérez, reiteró en sus intervenciones que el ayuntamiento cumplirá la legalidad y que ajustará el nuevo expediente a las indicaciones de la Secretaría.
Uno de los problemas de este expediente es que incluyó 12 plazas de personal de confianza cuando la legislación solo le permite nueve. Este asunto fue denunciado judicialmente, en su momento, por el concejal José Fernando Gómez (VxC). En el marco de las diligencias previstas abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar, el 18 de diciembre tendrán que declarar, en calidad de imputados, el exalcalde, José Gumersindo García, y la alcaldesa, María Concepción Brito, además del resto de miembros de dicho gobierno, excepto Javier Rivero.
Hoy comienza la elaboración de la nueva RPT
Siguiendo el requerimiento de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno canario, también fue unánime la anulación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que contenía el Presupuesto de este año por ilegal, tal y como advirtió en marzo el secretario. Toda la oposición pidió responsabilidades políticas al exconcejal del área, Francisco Pinto, siendo especialmente crítico José Fernando Gómez. El edil de VxC hizo hincapié en uno de los problemas de la RPT, la plaza del gerente del consistorio, que cobra desde hace más de dos años con la advertencia de ilegalidad que tiene del secretario municipal. Su coste, en ocho años de trabajo, ha sido de 487.292,16 euros, más otros 144.000 euros en cursos.
Sabina no sabe porque no estaba cuando ocurrió
El concejal de Recursos Humanos, Carlos Sabina (CC), se amparó en que fue una decisión de un gobierno al que no perteneció defendiendo el cumplimiento de la legalidad del actual "desde el minuto cero". La alcaldesa señaló que asume responsabilidades y acata el requerimiento del Gobierno canario. Mientras, José Fernando Gómez advirtió de que pedirá responsabilidades penales y patrimoniales por este asunto.