Los gobiernos autonómicos se han manifestado estos días en defensa de la unidad del país y, en mayor o menor medida, en apoyo al Gobierno frente a las aspiraciones independentistas de Junts pel Sí y la CUP en Cataluña, aunque el presidente, Mariano Rajoy, no se ha librado de las críticas.

Rajoy ha dejado claro que hará todo lo que sea necesario para garantizar la soberanía nacional, y la mayor parte de las comunidades han cerrado filas con él y han rechazado el desafío secesionista, pese a que no han faltado los que le reprochan que no haya actuado antes para evitar llegar al punto actual.

Quienes más han avalado al Ejecutivo y a Rajoy, como no podía ser de otra manera, han sido las comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras que otras, como las socialistas, han sido más tibias. Los ejecutivos vasco y navarro, en manos de partidos nacionalistas, han preferido no significarse.

Tanto en el ámbito autonómico como en el provincial y local ya han comenzado a aprobarse declaraciones de apoyo a la soberanía nacional, como ha hecho, por ejemplo, la Xunta de Galicia.

Como "un desafío al conjunto del Estado de las autonomías y no a un gobierno concreto, sino a todas las comunidades autónomas", se ha tomado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PP, el órdago soberanista, y por eso ha dejado claro que respaldará la respuesta que se dé desde el Gobierno central y los partidos democráticos.

También se han pronunciado en términos similares en la Asamblea de Melilla, donde se han aprobado sendas mociones de PP y Ciudadanos, y se espera que ocurra en el Ayuntamiento de Madrid.

No ha podido ser en Les Corts Valencianes, donde, según el PP y Ciudadanos, el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos no quisieron firmar una declaración institucional en defensa de la unidad de España y en contra de la propuesta secesionista catalana.

Los "barones" socialistas, por su parte, aprobaron el martes en el Consejo de Política Federal una resolución en la que prometen respaldar las medidas necesarias para "hacer respetar la Constitución y las leyes", "defender la unidad de España" y "salvaguardar la convivencia democrática en la totalidad del Estado", sin un apoyo expreso a lo que haga Rajoy.

Es más, algunos de ellos, como el valenciano Ximo Puig o la balear Francina Armengol, no han dudado en arremeter contra Rajoy por su "inacción", dicen, en el tema catalán.

Puig, tras insistir en que la lealtad de su Gobierno con la ley "es total", diferenció el jueves entre "la legalidad" e "intentar que todo el mundo se sume a una posición inmovilista que está rompiendo España".

Más suaves han sido otros de sus compañeros de filas, como la andaluza Susana Díaz, que quiere que el jefe del Ejecutivo convoque de forma urgente a todos los partidos para consensuar una postura común ante el "disparate" y el "golpe de Estado" perpetrado por el bloque independentista en Cataluña.

Y le ha recordado que no está solo ante este problema, sino que, al igual que con todos los demócratas, sabe que cuenta con ella para "arrimar el hombro" cuando "alguien se salga de la ley" y mantener esa postura dentro del PSOE.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, cree que "es hora de apoyar al Gobierno de España" y de "tender puentes" con Cataluña, ya que entiende que algunas de las reivindicaciones que hacen son justas.

Un poco más allá ha ido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien esta semana hablaba de que no se puede descartar la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución, si bien ha precisado que debería ser el último recurso.

Desde el Gobierno vasco, su portavoz, Josu Erkoreka, se ha limitado a pedir respeto a las decisiones que puedan adoptar "las instituciones catalanas", de las que ha dicho que tienen "plena legitimidad democrática", tras unas elecciones que "reflejan claramente la voluntad mayoría de la sociedad catalana.

Sin miedo a la polémica, el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que Mariano Rajoy y Artur Mas "se retroalimentan en perjuicio de la sensatez" y que ellos dos son en realidad "los grandes beneficiados" de la pugna.

Revilla, no obstante, ha considerado "razonable" la postura de Rajoy de utilizar todas las medidas políticas y jurídicas en defensa de la soberanía de España ya que el último paso del independentismo catalán es "una sublevación".

Para el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, las fuerzas políticas deberían comprometerse para que tras las elecciones se afronte "una nueva transición" que permita actualizar el modelo territorial.

Y, aprovechando el momento, el portavoz de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha propuesto acelerar el proceso de "descomposición del Estado español" y abrir una puerta a la independencia de Euskadi.