Santa Cruz de Tenerife ha sido el primer Ayuntamiento en Canarias en aprobar por unanimidad una moción promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para exigir al Gobierno de Canarias "un protocolo de emergencia para adjudicar directamente una vivienda protegida [...], cuando exista una situación perentoria o de extrema necesidad".

Inma Évora, de la PAH, considera que este es "el primer paso para obligar al Gobierno de Canarias a desarrollar ese protocolo". Évora recuerda que la posibilidad de adjudicar directamente una vivienda pública a una familia que se va a quedar en la calle y establecer una reserva de viviendas para estos casos ya viene recogida en punto 4 del artículo 21 y en el artículo 11 del Decreto 138/2007 de 24 de mayo.

"Más ayuntamientos nos han pedido la moción para aprobarla, pero también la hemos presentado en el Parlamento de Canarias sin que nadie nos haya respondido", detalló Évora.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sido "pionero" en la aprobación de medidas para atender a las personas desahuciadas, como "el Protocolo Antideshaucios", reconocen desde la PAH. Pero el problema es que las acciones se pongan en marcha y que den respuesta a un problema más grave y más grande de lo que podemos imaginar. "Llevamos casi seis años viviendo desahucios y todavía no hay ninguna medida de urgencia activa" del Gobierno de Canarias, expone Évora. En este sentido, el protocolo que solicitan vendría a conectar las necesidades detectadas por los Servicios Sociales municipales con el Ejecutivo canario.

Subraya que las PEAS de alquiler pueden solventar algunos meses, pero que no sirven para solucionar el problema de la vivienda a una familia con todos sus miembros en paro.

La moción se aprobó como moción institucional, lo que quiere decir que todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han apoyado el texto, sin fisuras y sin personalismos. "La mayoría de las medidas que se han aprobado en Santa Cruz las hemos promovido nosotros, la PAH", añade Évora, para quien lo importante es que más consistorios se sumen en la exigencia al Gobierno de Canarias de que den respuesta a esas familias que se van a quedar en la calle.

"El parque de viviendas públicas es insuficiente", reconocen desde la PAH". En todo el Estado estas viviendas solo suponen el 2%, explica Évora. De ahí que también se haya incluido en la moción ese compromiso municipal "para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas". Y pone el caso de Banif en Añaza, en el que el consistorio ha "recuperado vivienda vacía".

Cinco compromisos de la corporación municipal

La moción recoge cinco puntos. El primero de ellos se refiere al compromiso del Ayuntamiento para adoptar medidas ajustadas a la legalidad y sus competencias "para paliar la situación que viven las familias en riesgo de desahucio". Dos de ellas son solicitudes al Instituto Canario de Vivienda, dependiente del Gobierno de Canarias, para que declare "una reserva de viviendas para atender situaciones que demanden una inmediata intervención pública" para "proporcionar alojamiento a las familias objeto de desalojos forzosos". También para que desarrolle "un protocolo de emergencia" para "adjudicar directamente una vivienda protegida de promoción pública vacía a familias objeto de desalojos forzosos", con el fin de evitar que se queden en la calle. Asimismo se comprometen a estudiar medidas de fomento para evitar la desocupación permanente de viviendas e integrar a colectivos con interés en esta materia.