El último decreto de desalojo de Bajo la Cuesta por el que la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, daba un nuevo plazo de cinco días para el abandono voluntario de las viviendas, ya ha expirado. Así lo entiende la representación legal de los afectados, el abogado José Ortega, si bien el gobierno municipal considera que aún faltan tres días porque inició la cuenta con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de anteayer del decreto 3758/2015, de 16 de octubre.

Ortega, en cualquier caso, señaló que ha trasladado varias comunicaciones a distintas autoridades municipales y regionales demandando el cumplimiento del compromiso adquirido por Infraestructura Viaria el 6 de septiembre de 2010, en el sentido de que las obras del talud de Bajo la Cuesta comenzarían en dos meses.

Específicamente, José Ortega reclama del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que, en consonancia con lo planteado reiteradamente por los vecinos de este barrio, el Ejecutivo regional formule ante el central la revisión de oficio del deslinde marítimo-terrestre en la zona de Bajo la Cuesta.

El representante legal de los vecinos explicó que la situación actual "no es distinta a la de otras oportunidades", si bien matizó que la primera entrega del decreto se produjo en la fecha en que el expediente entraba en proceso de caducidad.

Desde el gobierno municipal se explicó que la publicación del decreto en el BOE forma parte del procedimiento, toda vez que no han podido entregar todas las notificaciones a los afectados. Consecuentemente, esperarán a que expire el plazo y a renglón seguido, si, como es previsible, no se produce el desalojo voluntario, el Ayuntamiento de Candelaria remitirá el expediente al Juzgado a fin de que autorice la entrada.

Cabe recordar que el problema data del año 2010, cuando se produjo el primer decreto de desalojo urgente ante el peligro que suponía el estado del talud que separa la autopista del Sur de Bajo la Cuesta, del que se decía y se dice que corre peligro de desprendimiento. La Alcaldía se ampara en informes técnicos y los vecinos defienden que lo único que ha ocurrido ha sido la caída de una piedra en un área del talud no protegida por malla.

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