Ya en la recta final de su mandato, pocas semanas antes de abandonar la Presidencia del Gobierno, Paulino Rivero aprobó un contrato de patrocinio con el Club Deportivo Tenerife por un total de 3.400.000 euros. Personalmente, no veo lógico que este tipo de contratos -que encubren de facto una subvención discrecional- sean razonables cuando el beneficiario es una sociedad anónima, propiedad de accionistas privados, y más aún cuando la economía del Gobierno de Canarias no es capaz de atender las necesidades de la dependencia o la prestación canaria de inserción. Resulta chocante que un Gobierno, que se calificó a sí mismo de "gobierno de las personas", elija poner el dinero público en manos de accionistas privados, antes que dedicarlo a ocuparse de esos miles de ancianos enfermos que no son capaces de valerse por sí mismos.

Lo cierto es que nadie (aparte, claro está, el propio Rivero) puede tener del todo claro si el hombre tenía ya entonces decidido presentar su candidatura a la Presidencia del Club y se estaba haciendo un favor a sí mismo con el patrocinio. Lo único objetivo es que el expresidente y un nutrido grupo de accionistas del Club, que juntos suman -de momento- algo más de un tercio de las acciones de la sociedad anónima deportiva, han decidido que Rivero continúe su carrera presidencial, ahora en el Tete. Quizá los accionistas quieran agradecerle los servicios prestados, o a lo peor resulta que detrás de alguno de los accionistas esté el propio Rivero, que siempre favoreció -por ejemplo- al actual presidente del Club, Miguel Concepción.

Sea por una cosa o por la otra, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma han emitido un informe que asegura que si Rivero accede a la Presidencia del Tenerife, el Club deberá devolver todo lo que haya ingresado por el patrocinio que le aprobó Rivero, y renunciar a cobrar la parte del contrato que habría de abonarse en próximas anualidades. El informe de los Servicios Jurídicos explica que los pagos acordados por el Gobierno se produjeron legalmente en su momento, sin que existiera causa de incompatibilidad, pero que existiría, si llega a producirse "la confusión en la misma persona" -el señor Rivero- "del otorgante, antes alto cargo, que se convierte en ex alto cargo ahora perceptor". En cristiano: si Rivero es presidente del Tenerife, el contrato de patrocinio suscrito con el Club será considerado nulo, y el Club deberá devolver la pasta. Porque si pudiera probarse que Rivero tenía ya decidido optar a la Presidencia del Club, regalarse tres kilos y medio por adelantado podría ser considerado un delito de prevaricación.

Los empresarios que quieren que Rivero presida el Club pueden seguir apoyándolo con toda legitimidad, y hacerse cargo a escote -o como prefieran- de este inesperado "traspié" económico. O pueden esperar dos años a que desaparezca la incompatibilidad legal de don Paulino. Por supuesto que sería bastante más decente que sigan apoyando a Rivero, pero que paguen ese apoyo de su bolsillo, no con el dinero de todos. Porque lo que no era ni es de recibo, es que Rivero llegue a la Presidencia del Club con un pan de tres kilos y medio bajo el brazo. Un pan como unas tortas, con el que todos los canarios le estaremos pagando una jubilación dorada, con un salario de nueve mil euros mensuales.