La Ley Canaria de Educación se aprobó en 2014, pero el Gobierno canario no cumplirá con ella hasta, al menos, 2017. La consejera de Educación, Soledad Monzón, presentó ayer en comisión parlamentaria el presupuesto de su área, que por segundo año consecutivo solo sube un 1%, y emplazó el cumplimiento de los objetivos de financiación a 2017, cuando, espera, mejoren las posibilidades económicas del Ejecutivo regional y sea factible asumir la norma. "La ley no establece cómo ha de ser la progresividad de la financiación, solo que hay que llegar a invertir el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) antes de 2022", se defendió.
Las cuentas que diseccionó Monzón, que suponen 1.505 millones, 16 más que en 2015, se destinarán, en esencia, a cumplir con la actualización salarial de los docentes y a incrementar los fondos para medidas de compensación, como comedores y desayunos escolares (un 13% hasta llegar a los 12,3 millones) y libros de texto. Las nóminas de los profesores se llevan la mayor parte del montante, casi 900 millones. Descienden las aportaciones para sufragar infraestructuras un 2% y la enseñanza concertada logra tres millones más que en 2015, una ganancia derivada del "acuerdo pactado en 2013 y que se prolongará hasta 2017". En términos generales, el modesto gasto educativo, dijo Monzón, busca garantizar la equidad y ordenar prioridades, además de asumir la directriz estatal de aumentar un 1% los salarios.
Esta explicación, no obstante, no convenció a muchos de los diputados presentes, que lamentaron que casi año y medio después de convertir en ley una iniciativa popular legislativa la ley canaria siga siendo una utopía pero, en cambio, sí se pueda desviar dinero para la enseñanza privada. Los diputados de Nueva Canarias y Podemos, Luis Campos y Francisco Déniz, respectivamente, fueron los más críticos con las cuentas desgranadas ayer. "Lo que nos está presentando es profundamente decepcionante: es una tomadura de pelo a toda la comunidad educativa. No solo no nos estamos acercando a invertir el 5% del PIB, sino que, a la vista de las previsiones de crecimiento, nos estamos alejando", criticó Campos. Según sus cálculos, el próximo año la inversión será del 3,7%. Monzón no concretó, pero admitió, igual que todos los consejeros del gobierno, que el dinero no es suficiente y que las ayudas asistenciales condicionan los números.
Agueda Montelongo (PP) fue la diputada de la oposición que más apoyo brindó a la consejera, pero advirtió de que su grupo presentará enmiendas para que se incluyan determinadas obras.
Este mínimo incremento mantiene el poco protagonismo de la educación. Los 1.500 millones disponibles son el 25,34% del presupuesto global, seis puntos menos que en 2002, cuando era más del 31%. La educación universitaria ve ampliados sus fondos en solo un 0,7%, lo que implica 700.000 euros más para cada centro público. La Consejería también ha dejado para 2017 la firma del contrato programa.
Más de 81 millones de "deuda acumulada"
El Consejo Escolar de Canarias cree que la Consejería de Educación lleva dos años incumpliendo la Ley Canaria de Educación y que ha acumulado una "deuda" de más de 81 millones de euros. Según las estimaciones de la comunidad educativa, para lograr alcanzar una inversión del 5% del PIB en los próximos años, el aumento anual del presupuesto para la educación no universitaria debe ser del 6%, lo que en el ejercicio actual se tendría que haber traducido en un incremento de, al menos, 81 millones de euros.
A esta partida, además, habría que añadir la parte proporcional al último trimestre de 2014, cuando se aprobó la ley. Estos cálculos han sido detallados en un informe elaborado por el Consejo para analizar y cuantificar los incumplimientos reiterados en la norma.
A pesar de que Soledad Monzón insistió ayer en que hay objetivos que no están vinculados al presupuesto, el Consejo Escolar no parece estar muy de acuerdo. Para este organismo, que representa a todas las comunidades educativas del Archipiélago, "es imprescindible que se dé cumplimiento al compromiso financiero como un requisito esencial para el avance de la educación canaria, de forma que se compensen los desfases históricos, el coste adicional que supone la insularidad y se garantice de manera sostenida un adecuado suelo de inversión". Ese esfuerzo inversor, prosigue el Consejo, "debe asegurar, por una parte, la equidad educativa, por medio de la compensación, la igualdad de oportunidades y la prevención y, por otra, la calidad educativa a través de políticas de mejora de la educación y la formación en Canarias".
La consejera dijo que mañana su equipo asistirá al pleno del Consejo Escolar, donde se analizarán estas cuestiones.