Aunque sería de ingenuos pensar que el cambio de actitud del Gobierno de Mariano Rajoy hacia las Islas nada tiene que ver con las próximas elecciones generales, también es cierto que la estrategia de que prime el diálogo sobre el enfrentamiento, aplicada por el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, desde que tomó posesión como tal, ha servido para que las relaciones entre ambas administraciones sean más fluidas y se empiecen a ver resultados. A la condonación del pago por la supresión del ya popular Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), que permitirá a Canarias disponer de casi 200 millones de euros anuales a partir de 2017, se unía esta semana el desbloqueo del demandado convenio de Las Chumberas, por el que se llevará a cabo la demolición y reposición de las 668 viviendas afectadas por la aluminosis en esta urbanización de La Laguna, o el anuncio de que AENA invertirá 120 millones en una nueva terminal en el aeropuerto Reina Sofía. Dos iniciativas importantes para esta Isla, fruto del nuevo clima de entendimiento y, en el caso del aeródromo, del trabajo realizado -sería injusto ocultarlo- por el Cabildo de Tenerife. No obstante, no hay que conformarse, ya que el Gobierno central aún tiene muchas cosas pendientes de resolver en el Archipiélago. Sin ir más lejos -la noticia aparecía abriendo este periódico ayer-, abonar los 93 millones de euros que en concepto de políticas activas de empleo debe a las Islas. Si a esa cifra se le suma la advertencia realizada, también esta semana, por la CEOE-Tenerife, sobre las consecuencias de la baja cobertura que el Estado da a los parados en sus presupuestos de 2016, existen suficientes motivos para mantenerse firmes y vigilantes frente al Ejecutivo del PP. No vaya a ser que su nueva actitud con Canarias sea solo un espejismo electoral.

Diálogo sí ha faltado en el caso de los polémicos carteles instalados por Puertos Canarios en algunos muelles de Tenerife, para advertir de que estaba prohibido el baño y la práctica del submarinismo. El conflicto generado con los ayuntamientos afectados se podría haber evitado si antes de desarrollar la citada medida se hubiera consensuado con los regidores. Hay que valorar, eso sí, el comportamiento del director gerente del ente autonómico, que ha admitido que se pudo actuar de otra forma.

Los socios del Club Deportivo Tenerife no pueden permitir que, por los caprichos de una persona, por muy expresidente del Gobierno que sea, la entidad blanquiazul vea mermados sus ingresos. El informe de los Servicios Jurídicos del propio Ejecutivo hecho público el pasado miércoles, en el que se advierte de que si Paulino Rivero preside el Tenerife antes de dos años, el club incumpliría la ley de incompatibilidades de altos cargos y, por tanto, dejaría de percibir los 3,4 millones de euros que tiene firmados en concepto de patrocinio del Gobierno de Canarias, es una prueba evidente de que la opción de Rivero es ahora mismo la que menos le conviene a este equipo. Tanto el propio Rivero como los promotores de su candidatura deberían recapacitar, ahora que están a tiempo.