Los españoles, que bastante tenemos con sobrevivir a una crisis económica que nos ha trastocado en demasiados aspectos nuestra cómoda rutina, y a muchos sus propias vidas, tenemos, además, que aguantar un día sí y otro también, el penoso melodrama catalán de la independencia. Estamos asistiendo en cámara lenta a un golpe de Estado; al acto punitivo de cómo unos "iluminados" que se autoerigen en salvadores de patrias propias y ajenas, convulsionan la vida cotidiana de la mayoría de sus conciudadanos, saltándose a la torera la ley y el propio orden constitucional, al vulnerar la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político de todos los españoles, además de romper el principio fundamental de nuestra Constitución cuyo título primero punto 2 dice: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Ahora nos encontramos en la fase en que, aunque sabemos que van a llevar a cabo un golpe de Estado, no podemos hacer nada hasta que no lo ejecuten. Por lo visto, en política no se puede actuar antes de que se consuma la tragedia; aunque cuando vimos por la tele a Tejero pistola en mano decir a sus señorías "todos al suelo" y los carros de combate estaban en la calle de algunas de nuestras principales ciudades, el Jefe de Estado y Capitán General de los Ejércitos, SM el Rey, no esperó, ni a que llegara el famoso "Elefante Blanco" ni a que los carros disparan, para adoptar las medidas pertinentes para atajar la gravísima situación: simplemente ordenó al Ejército volver a sus cuarteles y a la Policía desalojar el Parlamento y detener a los sediciosos.

Los fuertes siempre se crecen contra los más débiles; sobre todo cuando les importa un bledo las opiniones de los demás. Está bien dialogar, pero tampoco está mal prevenir el golpe. ¿Cuántas víctimas de cualquier género de violencia tienen la ocasión de dialogar con sus verdugos? ¿Hubieran detenido al agresor y evitado el robo, la violación, el crimen...; si se hubieran puesto a dialogar tranquilamente sobre el tema? ¿Y si la víctima no reaccionara en defensa propia con todas sus fuerzas y con los medios que tuviera a mano para defender su hogar, su familia, sus pertenencias, su honor o su vida, no le recriminaríamos su pasividad e incluso su aparente e incompresible entrega?

Ahora, la víctima es nada menos que España y, por extensión, todos los españoles. Y es el Gobierno el que tiene la legitimidad de utilizar la fuerza y las leyes en defensa de cualquier ataque interior o exterior que vulnere los principios básicos y fundamentales del Estado de Derecho. Nunca es tarde si se actúa con firmeza y a tiempo; con proporcionalidad y prudencia si se quiere, pero a tiempo; después, tan sólo quedará ocasión para los lamentos; y nos estamos jugando mucho; tanto, que estamos poniendo en peligro nuestro presente, pero, sobre todo, el futuro de nuestros hijos.

Ahora miramos atrás y nos preguntamos cómo hemos llegado a esto. Cómo es posible que la sociedad catalana esté dividida y fracturada entre los que defienden una España unida y los que piensan, y sobre todo sienten, que son víctimas desde hace siglos del oprobio y del saqueo del Estado español. Que les han hecho creer -mediante el oportuno adoctrinamiento desde la escuela-, que los territorios tienen más derechos que las personas y que la lengua sirve como vehículo para introducir en sus vidas la cultura nacionalista catalana.

Los sucesivos gobiernos españoles han permitido, mediante la sesión de la educación, la sanidad y la justicia, que España se convierta en un territorio babeliano donde los derechos, la libertad y las oportunidades del conjunto de los ciudadanos son distintos en función de donde se resida. Y, a través de la educación, hemos permitido que las escuelas se utilicen para promocionar culturas nacionalistas impregnadas de una ideología destructiva bajo el paraguas de la normalización lingüística. Y en esa estamos.

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