Ni el Instituto de Vivienda de Canarias ni el Ayuntamiento de La Laguna contemplan una condonación de las deudas generadas por los inquilinos de Residencial Tagoror, una urbanización de 119 viviendas sociales en régimen privado de alquiler, dependiente de Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), que desde hace unos meses reclaman el ajuste de su pago de acuerdo con la situación económica real de los afectados, entre otras cuestiones. Sobre este asunto, lo que se está haciendo es un estudio sobre un plan de pagos individualizado de cada uno de los vecinos.
La concejala de Bienestar Social de la corporación local, Flora Marrero, aseguró ayer al respecto que los representantes de Residencial Tagoror "han sido informados de los pasos que se seguirán" y señaló que lo que se está realizando es un estudio del pago de la deuda a través de un plan para facilitar ponerse al corriente de sus deudas sin que exista ningún desahucio por cuestiones económicas de las familias o personas afectadas. Es más, dentro del acuerdo se especifica que los trabajadores sociales estudiarán caso por caso la situación de cada uno de los afectados para así ajustar los alquileres", dijo.
Señaló con firmeza que "no se va ni a desalojar ni a desahuciar. A los vecinos se les ha dicho que estén tranquilos, también con la renovación de sus contratos".
De la misma forma, uno de los grandes miedos de los afectados de Residencial Tagoror es la situación de precariedad en la que se quedan los avalistas de las personas que no pueden afrontar los pagos de su alquiler social, de los que Flora Marrero descartó que "se vayan a ejecutar cláusulas contra los avalistas de los vecinos que viven allí. Reitero, les hemos pedido tranquilidad absoluta. Se están dando los pasos adecuados para ir arreglando la situación por parte de las administraciones que nos hemos implicado".
Por su parte, el director del Instituto Canario de Vivienda, José Gregorio Pérez, aseguró que "la condonación de la deuda es técnicamente imposible, porque sería perdonar una deuda, pero si se puede plantear, en base a un plan de pagos, aplazamientos, fraccionamientos... Cualquier tipo de fórmulas que permita a los vecinos hacer frente a los gastos de sus casas".
"No es solo la deuda, sino los servicios básicos (agua, luz, comunidad...). La idea es ver el total que la familia pueda afrontar y como puede pagarlo sin dejar de comer u otra cuestión. Se verá qué es lo razonable de forma individualizada", dijo.
En este sentido, la Plataforma de Afectados por Visocan denunció en septiembre la situación por la que atraviesan para poder afrontar el pago de sus alquileres sociales. Sobre ello, el colectivo reclama desde entonces el ajuste de los pagos de alquiler por considerarlo "excesivo" (entre 200 y 300 euros mensuales); el arreglo de los defectos constructivos de sus viviendas; la condonación de las deudas de las personas que no pueden pagar, y la suspensión de los contratos de alquiler que tienen, entre otras cuestiones.