Solo cuatro familias de las que tienen aprobada la PCI en 2015 la están cobrando en la actualidad. Así lo reconoció el concejal de Atención Social, Óscar García, que avanzó que hoy se incorporan dos nuevas trabajadoras sociales para seguir avanzando en la tramitación.

En la comparencia del edil en la Comisión de Control, Asun Frías, concejal de Sí se Puede, criticó que de las 2.000 familias con la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aprobada este año, solo hubiera esa cifra tan nimia cobrándola. Añadió que al concederse la PCI por unidad familiar, podíamos estar hablando de 6.000 u 8.000 personas.

García reconoció que la situación era grave, ya que de las 25.000 personas desempleadas de Santa Cruz de Tenerife, "cerca de la mitad no recibe ninguna prestación". En este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz había hecho sus deberes, puesto que hasta junio había 3.500 solicitantes y en octubre quedaban solo 280 pendientes. "En la actualidad, la lista de espera es cero", afirmó.

El concejal de Atención Social también destacó que el IMAS atiende a 13.000 personas con "prestaciones" de ayudas básicas (alimentos, agua, luz...) pero que reconoció que es insuficiente. Por eso, confió en la pronta liberación de 7,5 millones de euros, comprometidos por el Gobierno de Canarias, para abonar todas las PCI aprobadas pero que hasta la fecha no se han pagado.

Por otro lado, García también destacó que hasta octubre el IMAS había concedido 29.000 PEAS, "más que en todo el año anterior".

Frías criticó que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife no "liderara la exigencia al Gobierno de Canarias" de dotación presupuestaria, "como hace con otras cuestiones como el dique de San Andrés o la playa de Valleseco".

Asimismo, la edil de Sí se Puede consideró que el IMAS no estaba haciendo un seguimiento adecuado de los itinerarios de inserción social y laboral de estas personas.

"La ficha hay que entregarla porque si no el Gobierno de Canarias no tramita la PCI", dijo Frías, en referencia al formulario en el que se establece la acción formativa en la que se ha apuntado el peticionario. "Otra cosa muy diferente es que se haga un seguimiento a su inserción", opinó, para añadir que "las propias trabajadoras sociales no dan para más".

En el mismo sentido se manifestó Ramón Trujillo, de Izquierda Unida Canaria (IUC), que opinó que "el alcalde debería liderar de manera muy especial" la exigencia de fondos al Gobierno de Canarias. "Aquí hay que presionar un poco más", dijo en la misma línea Reyes Dorta, de Ciudadanos.

Elena Mateo, edil socialista, manifestó su convencimiento de que la situación va a cambiar con el reciente relevo socialista en la Consejería de Asuntos Sociales. Pero pidió también que los Servicios Sociales "se doten suficientemente de personal".

Frías subrayó que esas familias que esperan por el abono de la PCI "no son las únicas" con necesidades económicas. "Mucha gente ni sabe que tiene derecho a la PCI", dijo, y están viviendo de "la solidaridad familiar".

95 calles con nombres franquistas en Santa Cruz

Ramón Trujillo (IUC) pidió una comparencia sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y el grupo de gobierno optó ayer por no comparecer. Garcinuño dijo que Urbanismo no tenía competencias, a lo que Trujillo respondió que en la petición de comparecencia se había estipulado que quería que compareciera "el concejal de Urbanismo o el que proceda". Así, Trujillo habló sin réplica de que de 103 calles con nombres franquistas en Santa Cruz de Tenerife solo se han cambiado ocho, por lo que aún quedan 95. Pidió que, tal y como se hace en otros países, las estatuas o símbolos, como el homenaje al dictador de la Rambla, se retiren y se lleven a un museo.