La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declaró nula la orden del Gobierno de Canarias que rebajaba las retribuciones de los abogados del turno de oficio no bastará, al menos por el momento, para que estos profesionales cobren las cantidades no percibidas. Los servicios jurídicos del Ejecutivo han rechazado las reclamaciones mediante las que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife pretendía cobrar los 2,1 millones de euros que dejaron de recibir entre 2010 -fecha de aprobación de la norma- y 2014, lo que explica que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año no incluyan partidas destinadas a este fin.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Aarón Afonso, aseguró ayer en el Parlamento que las cantidades que demanda la organización colegial de la provincia -la única que recurrió la orden finalmente anulada- "no se ajustan a lo establecido en la normativa aplicable". Estas normas que "no amparan" la reclamación de los letrados son una orden anterior (2008) y un decreto dictado en 2012.

Para abonar los honorarios por asistencia jurídica gratuita entre 2010 y 2014, el Gobierno de Canarias emitió 20 resoluciones de subvención cuyo importe "coincidió con lo certificado por el Colegio de Abogados". Ninguna de ellas fue recurrida. "Si fueron consentidas y no recurridas, no pueden ser objeto de revisión", zanjó Afonso, quien insistió en que los importes certificados dieron lugar a procedimientos de subvenciones "firmes" durante la vigencia de la orden de 2010 "antes de que su anulación alcanzara efectos generales".

El consejero de Presidencia y Justicia alegó, además, que los cálculos efectuados por la entidad colegial de la provincia "son incorrectos", al utilizar "un módulo no aprobado por la Administración" y superior al que se aplica a otros colegios profesionales.

Los trabajadores tienen abierta de nuevo la vía judicial, advirtió Aarón Afonso, a quien el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado que acudirá a los tribunales para obtener el dinero que consideran que se les debe.

PP: "Los abogados no han consentido" la rebaja

El diputado del PP Emilio Moreno, solicitante de la comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia, desmintió ayer que, al certificar los importes que luego les fueron abonados entre 2010 y 2014, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife diera su conformidad a esas cantidades. "Los abogados no han consentido", remarcó Moreno, para quien la entidad colegial no podía dejar de certificar estos importes porque hubiera equivalido a que los letrados del turno de oficio trabajaran gratis mientras se resolvía el recurso contra la orden del Gobierno.

Después de que el consejero argumentase que el Supremo se basó en razones de forma para anular la normativa -puesto que la rebaja de las retribuciones debía haberse regulado a través de un decreto, y no de una orden-, el parlamentario popular indicó que el alto tribunal "no examinó los motivos de fondo porque le bastaba con la previa nulidad de la norma".

Moreno advirtió de que, pese a que el recurso ha sido presentado por el Colegio tinerfeño, los efectos de la sentencia benefician a todas las entidades del Archipiélago.