El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, ha presentado en el ayuntamiento la minuta de honorarios del bufete de abogados que lo defendió en un procedimiento abreviado, concretamente el 970/2012, donde curiosamente la propia corporación bagañeta se presentó como acusación.

El mismo bufete presenta también la minuta de un trabajador municipal imputado en la misma causa y que había sido secretario accidental del ayuntamiento a lo largo de 2006. Los honorarios por ambos clientes ascienden a la cantidad de 4.572 euros, por la personación y estudio del citado procedimiento ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Los Llanos de Aridane, compuesto por más de mil folios; y por la formulación y presentación de recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, según detalla el abogado en la factura presentada el pasado mes de agosto ante la corporación bagañeta, y a la que EL DÍA ha tenido acceso.

El ayuntamiento, que inició el procedimiento siendo acusación y ahora ve cómo pagará al abogado del imputado, decidió personarse en la causa con la socialista Carmen Acosta en la Alcaldía y con Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC) como líder de la oposición, una situación que se alteró en las elecciones del pasado mes de mayo, cuando los vecinos volvieron a dar mayoría absoluta a los nacionalistas.

Después de acceder al bastón de mando, Rodríguez tomó la decisión por decreto (356/2015), el día 17 de junio, de cesar a la defensa jurídica y a la presentación procesal del ayuntamiento en la citada causa, para evitar a toda costa que el ayuntamiento pudiera seguir con la denuncia contra su persona, después de que el juez diera el 10 de junio un plazo de diez días para formular escrito de acusación contra los dos imputados (alcalde y funcionario).

Hay que recordar que el regidor municipal fue imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, por la adjudicación de las obras de asfaltado en la calle Alcaldesa Medina Quesada, también en la calle San Antonio, la construcción de la plaza Enrique Noguerales, la ejecución de la guardería municipal o el expediente relativo a los quince contratos firmados por el alcalde para la construcción de la piscina municipal, otros tres para la construcción y adoquinado de aceras, obras en el conjunto histórico de San Miguel o el proyecto de rotonda y ajardinamiento en la LP-1, entre otras.

No es la primera vez que el alcalde presenta, o al menos lo intenta, facturas al ayuntamiento sobre causas en las que está imputado. A propósito, antes de las elecciones, UB-CC retiró en el último momento una moción para que la corporación bagañeta se hiciera cargo de los gastos judiciales que se le estaban ocasionando a sus concejales y exconcejales imputados en el denominado caso "Los Tarajales", que en solo tres años (2008-2010) alcanzaron los 167.000 euros.