Canarias es la región española más afectada por la pobreza energética. Alrededor de un 15% de los hogares de las Islas carecen de recursos suficientes para afrontar el pago de los recibos del suministro de energía, según los cálculos del colectivo Economics for Energy.
Aunque este fenómeno suele asociarse con la luz y el gas, el grupo parlamentario socialista canario recuerda que hay una vertiente que a menudo se ignora: el coste del abastecimiento de agua. Por esta razón, el diputado del PSOE Gustavo Matos ha promovido recientemente una iniciativa para que todos los ayuntamientos aprueben tarifas sociales que faciliten este gasto a los vecinos y familias. La Cámara la asumió en su última sesión plenaria -en forma de enmienda a una proposición no de ley de Podemos-, de manera que el Gobierno ya tiene el "encargo" de dirigirse a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para generalizar una medida que, hasta el momento, llevan a cabo muy pocas corporaciones locales.
A diferencia del suministro eléctrico, que está "muy liberalizado", el de agua ofrece "más margen de intervención a los poderes públicos", argumenta Matos. "Los ayuntamientos están obligados a prestar este servicio", que "no deja de ser público" aunque los consistorios opten por la gestión indirecta, precisa el parlamentario para explicar por qué su grupo ha decidido centrarse en este aspecto de la pobreza energética.
La posibilidad de implementar tarifas "específicas" para colectivos en dificultades económicas o en situación de riesgo social -familias numerosas, personas con discapacidad, pensionistas o ciudadanos que no alcancen determinado nivel de renta- puede contribuir a aliviar el peso que para los afectados representa el desembolso de la factura del agua. Con estas facilidades se trata de evitar el corte del suministro, una medida que -según un informe de la Audiencia de Cuentas relativo al año 2012- ejecutan más de la mitad de los consistorios.
En el caso de los ayuntamientos que se decantan por la concesión del servicio, el Parlamento propone que los pliegos de los concursos incluyan la obligación de introducir estas bonificaciones.
Según Gustavo Matos, las "circunstancias climatológicas" de Canarias hacen que la pobreza energética relacionada con la luz no tenga tanta incidencia como en la Península, donde las familias pueden verse forzadas a apagar la calefacción en los duros meses del invierno. A pesar de ello, el grupo socialista apoyó -como el resto de la Cámara autonómica, a excepción del PP- la proposición no de ley planteada en este sentido de Podemos.