Hay cosas que damos por hechas. Que admitimos sin poner en discusión y sin que nos hierva la sangre. Por ejemplo, el abuso fiscal que nuestras administraciones realizan en servicios esenciales como el abastecimiento eléctrico, el agua o el transporte.

Los españoles trabajan alrededor de unos 180 días al año para pagar impuestos y cotizaciones sociales, según los cálculos realizados por Civismo, un grupo de pensamiento que ha puesto cifras a esta etapa -tan liberal, ella- en la que nos han crujido a impuestos.

Según sus cálculos un trabajador que gane el sueldo medio, 24.000 euros al año, trabaja casi dos meses para pagar el IRPF, un mes para pagar el IVA, 23 días para pagar las cotizaciones sociales que le tocan al trabajador, 14 días para pagar impuestos especiales (tabaco, alcohol, gasolina...) y 7 días para pagar otros impuestos. En total 130 días al año que equivalen a unos 8.600 euros al año en impuestos. A eso hay que añadir la parte de la Seguridad Social que paga la empresa por el trabajador, el 29,9% del salario bruto. Un trabajador que gana 24.000 euros en realidad tiene un sueldo de 31.000 (la suma de lo que le paga la empresa a él y lo que paga por él al Estado) del que al final, por una vía o por otra, la administración se queda con la mitad; unos 15.000 euros.

A uno le queda el consuelo de que con ese dinero se sostienen la sanidad, la educación y las inversiones públicas. Y el desconsuelo de que con ese dinero se sostiene también a ciertos empleados públicos que no dan un palo al agua, los aeropuertos que no funcionan y las carreteras que se convierten en piscinas con la lluvia.

Pero además de los impuestos que se pagan a cara descubierta, hay otros que son una silenciosa dentellada al bolsillo de los ciudadanos. Es el caso de la luz que pagamos los ciudadanos españoles, que ha subido un 52% durante los años de la crisis, el doble de lo que ha subido en la Unión Europea. Tanto ha subido que nos hemos situado como el cuarto país con la electricidad más cara. La mayor parte de esa subida (un 70%) se ha producido por los incrementos de impuestos, tasas y otros recargos fiscales.

Ya sabemos que más de la mitad de lo que pagamos en el precio de las gasolinas y gasoil de nuestros coches son impuestos. La carga fiscal del litro de combustible equivale al cien por cien del precio de bien que grava. Es lo mismo que el agua, cuyo precio desde que se obtiene en la naturaleza o por medios industriales hasta que llega a los domicilios sufre un espectacular incremento. En el caso de la luz, más de la mitad del precio son recargos fiscales, algunos de ellos finalistas y otros, a pesar de tratarse de la luz, algo más oscuros.

Ahora anuncian que bajará un poco la luz y parece que nos hacen un regalo. No lo es. Trabajamos la mitad del año para pagarle a un Estado que más que del bienestar parece un gigantesco proxeneta de sus propios ciudadanos.