La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, presidió este viernes el Consejo General de Servicios Sociales, órgano colegiado de asesoriamiento del Gobierno que le ha pedido que parte de los fondos del IGTE se destinen al desarrollo de la Ley de Dependencia a través de nuevas plazas sociosanitarias y generación de puestos de trabajo.

El ''libro blanco'' de la Ley de Dependencia estimaba que para que España se equiparara a la media europea eran necesarios 500.000 nuevos empleos en el sector.

La vicepresidenta fue receptiva ante esta propuesta y señaló que la valorará y la trasladará al Consejo de Gobierno ya que "los puestos de trabajo creados en el ámbito de lo social se fidelizan a lo largo del tiempo y no se pierden una vez acaba la inversión", al tiempo que "es una excelente fórmula para que el dinero del que dispondrá de más el Gobierno de Canarias, a través del IGTE, llegue a las personas y se destine directamente a las necesidades que tienen las y los canarios".

En la reunión, cuyo orden del día era el análisis de los presupuestos de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, la vicepresidenta trasladó que los tiempos de "aplicar la tijera" a las necesidades básicas de la gente "se han terminado y que el presupuesto para 2016 es el de mayor crecimiento de los últimos ocho años". De hecho, dijo que su departamento es el que más crece de todo el Gobierno "y con diferencia", puntualizó aludiendo al importante incremento del 13%.

Además, hizo hincapié en la partida destinada a la ayuda económica de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) que asciende a 45 millones de euros, 17 millones más que en 2015. "Eso nos da la tranquilidad para que la gente no tenga que esperar por cobrar, como ha ocurrido este año, en el que hemos buscado la solución más rápida posible a un problema con el que nos encontramos al llegar", indicó.

AGILIZAR LA PCI

Asimismo, Hernández anunció que "hoy mismo ya se están pagando a las personas que tenían pendientes el cobro de las nóminas de meses pasados".

Por otra parte, expuso las novedades de su área entre las que se encuentran el nuevo baremo para la adjudicación de viviendas, la puesta en marcha de la Oficina para la Defensa del Derecho a la Vivienda, para agilizar la PCI o la puesta al día en la Ley de Dependencia.

Otro de los puntos destacados de la reunión fue la intención de revitalizar el propio Consejo de Servicios Sociales como órgano de participación y como ejercicio de transparencia del Ejecutivo, anunciando que tanto el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la pobreza como los directores generales del departamento se encargarán de reactivar las cinco comisiones de las que están compuesta la Comisión General de Servicios sociales. Las comisiones son sobre la discapacidad; pobreza e inclusión social; mujer; personas mayores e infancia.