Miguel Ángel Rodríguez Arias es el abogado que se ha convertido en el azote judicial de ETA, pues dirige las acusaciones popular y particular en la Audiencia Nacional contra los jefes de la banda por crímenes contra la humanidad. Fruto de su labor se dictó auto de procesamiento y orden de detención internacional contra Josu Ternera. Esas batallas para defender los derechos humanos de diferentes colectivos que han sufrido crímenes internacionales las libra desde el Archipiélago, donde reside desde hace un año. En un país donde, mayoritariamente, cualquier acción pública tiende a relacionarse con una determinada afinidad política o ideológica sin ambages, este experto en Derecho Penal Internacional de 38 años, y con cuatro premios nacionales e internacionales a sus espaldas, tiene un lema que enseñaba a sus alumnos universitarios: "No tengan ustedes genocidas favoritos". Piensa que ninguna persona, independientemente de sus ideas o las de su familia, tiene por qué sufrir actos de extrema crueldad que atentan contra los derechos humanos.
Manifiesta que "los crímenes de lesa humanidad contra canarios siguen impunes" y apunta que tiene la sensación de que la sociedad canaria "ha olvidado a esas víctimas". Rodríguez Arias explica que hay cuatro escenarios en los que los ciudadanos canarios sufrieron actos genocidas o contra la humanidad: el franquismo, los niños robados y los atentados del Frente Polisario y de la banda ETA.
Este abogado, formado en España, Turín, Pavía, Milán y Friburgo (Alemania), indica que, sumados esos cuatro frentes de crímenes, el Archipiélago es una de las comunidades autónomas que ha padecido porcentualmente más crímenes contra la humanidad que siguen impunes jurídicamente y, además, en el olvido.
Recalca que en los cuatro ámbitos hay una fuerte polarización ideológica en la sociedad "y no podemos poner un pero, en función de la ideología de la víctima" o de quién causó el mal. Al hablar de los desaparecidos durante el régimen franquista señala que "a un ser humano no se le puede poner un peso muerto y tirarlo al mar", como supuestamente se hizo con muchos tinerfeños desde los "barcos de la muerte"; o bien tirarlos por el acantilado de La Laja en Gran Canaria o a una fosa común en Fuencaliente (La Palma). Y advierte de que "esos canarios asesinados fueron valientes que defendieron la Constitución española de 1931, a pesar de que muchos de ellos sabían que no tenían oportunidad alguna" de salvar la República ante el golpe de Estado. Por eso, Rodríguez Arias opina que "es una gran injusticia su abandono, tras su valentía y lealtad". Y, además de esas desapariciones forzadas, denuncia los "juicios-farsas", por los que fueron ejecutadas autoridades republicanas, como el gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Vázquez Moro, o el diputado grancanario Eduardo Suárez. "No fueron sentencias, fueron meros asesinatos, precedidos de una escenificación teatral, presuntos crímenes de guerra de los juzgadores", señala el abogado.