Canarias no cumple con el mínimo de plazas fijado en la Ley de Dependencia, que establece una ratio de cinco plazas sociosanitarias por cada 100 mayores de 65 años. En la actualidad, el Archipiélago dispone de 8.962 camas para 286.456 personas que superan esa edad (según los datos más actualizados del padrón de la población, a 31 de diciembre de 2014). Si se alcanzara el requisito legal, que toma como referencia el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Canarias tendría que habilitar 14.322.

La consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, se reunió ayer con representantes de los siete cabildos insulares, quienes trasladaron la petición unánime de que el Gobierno destine el 10% de los fondos del Impuesto General al Tráfico de Empresas (IGTE) a impulsar el cumplimiento de la legislación. La también vicepresidenta se mostró partidaria de la propuesta, que, consideró, cumpliría con los criterios expuestos por el Ejecutivo, que se basan en priorizar las inversiones y la generación de empleo. "Hay una necesidad de plazas urgente en todas las islas y hay un incumplimiento constante de la ley de dependencia, que, además, ha sido cercenada por el Gobierno de España", expuso Hernández.

Para la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Elena Mánez, este escenario hace que sea incomprensible que el reparto del IGTE no contemple las inversiones sociosanitarias como una prioridad. Insistió en que se trata de inversión pública que tiene un triple efecto: primero, genera empleo en la construcción; segundo, supone un aumento del número de plazas sociosanitarias; y, por último, favorece la creación de trabajos estables ligados al cuidado de las personas.

La consejera de Acción Social y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido, también subrayó la necesidad de abordar esta problemática de manera urgente, dado el ritmo de envejecimiento de la población, y apuntó que, según sus cálculos, en Tenerife deben crearse como mínimo 1.000 plazas en los próximos cinco años. Las nuevas plazas que se creen, además, permitirán que las mujeres tengan más posibilidades de acceder al mercado laboral, puesto que son ellas, mayoritariamente, las que se quedan en casa atendiendo a sus familiares.

El Plan Gerontológico Nacional establecía ya en 1993 que la disponibilidad de plazas debía responder a la ratio de 5 por cada 100 habitantes mayores de 65 años.

Se desploma el gasto en servicios sociales

Canarias es la séptima comunidad autónoma que más ha recortado en gasto social -un 12,43%- desde al año 2009, lo que se traduce en 624,3 millones de euros menos para sanidad, educación y servicios sociales. El tijeretazo ha sido mayor en Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, regiones que obtuvieron la medalla de oro, plata y bronce, respectivamente, en el ranquin de recorte en gasto social por comunidades autónomas que ha elaborado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales para denunciar cómo la inversión en estas políticas ha retrocedido incluso por encima del 26% en algunas autonomías.

Según las cuentas de los directores y gerentes de Servicios Sociales, difundidas ayer por la agencia Efe, el gasto total en política social se ha visto recortado un 14,5% en comparación con 2009. Los gobiernos regionales destinan 16.976,9 millones de euros menos hoy que entonces a educación, sanidad y servicios sociales.

"El recorte acumulado en estos siete años de crisis económica, cuando más necesarias son las políticas sociales, asciende a 74.152 millones de euros", denunció la organización, que compara el presupuesto de 174.694 millones de euros que tenían las comunidades en 2009 con los 166.104,9 millones de que disponen en 2015, un 4,9% menos.

La organización destacó que "todas las áreas de gasto", a excepción de la deuda, han sufrido recortes, pero han sido más acusados los de política social. En Sanidad, la pérdida es de 10.108,15 millones de euros, un recorte del 15,75%. En Educación llega a 5.566,8 millones de euros, tras un recorte del 13,65%. En Servicios Sociales asciende a 1.301,8 millones (-10,95%). En el resto de políticas la pérdida es de un 26,5%. Sin embargo, los fondos para pagar la deuda han crecido un 317,9%.