El descenso de las grandes infracciones urbanísticas registrado en los últimos años ha permitido a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) centrarse en tareas de vigilancia medioambiental que, junto a las de prevención, son las que espera intensificar durante los próximos ejercicios. Pero la labor de este organismo -dependiente de la Consejería de Política Territorial y encargada de supervisar y ejercer la disciplina en materia de protección del territorio y el medio ambiente- también se ha visto frenada por la legislación impulsada por el propio Gobierno de Canarias.

La consejera del área, Nieves Lady Barreto, lamentó ayer en el Parlamento que las "modificaciones sustanciales" que ha introducido la Ley de Armonización y Simplificación aprobada por el Ejecutivo en el último tramo de la pasada legislatura "a veces hacen inaplicable el desarrollo de procedimientos". Estas trabas normativas explican, apuntó, que las sanciones impuestas por la Apmun hayan pasado de 226 en el año 2014 a 68 en los primeros nueve meses de 2015.

Las trabas con las que se encuentra la Agencia son otro argumento que añadir a los que ya ha esgrimido el Gobierno para emprender una simplificación de la legislación medioambiental, territorial, urbanística y turística. "Queremos corregir estos problemas con la nueva ley del territorio", aseguró Barreto.

La consejera compareció ayer a petición propia ante la Comisión de Política Territorial para exponer los planes que alberga su departamento para la Apmun en esta legislatura. Entre sus objetivos también figura el de conseguir que se incorporen al consorcio de este organismo, si no todas las administraciones locales que aún no lo han hecho, sí "todas las posibles". Tras 18 años de funcionamiento, solo 46 de los 88 ayuntamientos canarios y cinco cabildos -todos menos Gran Canaria y El Hierro- forman parte de la Agencia.

Entre los años 2003 y 2007, la Apmun derribó más de cien construcciones ilegales, "más que en los veinte años anteriores", destacó la consejera. La posibilidad, a partir de mediados de la década pasada, de legalizar lo edificado y de reponer la realidad física alterada mediante la demolición por parte de los propietarios hizo caer el número de sanciones. Hasta marzo de 2015, las reposiciones ascendían a 3.020 y las legalizaciones a 506.

A la intención de sumar nuevas corporaciones a la Apmun y de orientar su actividad hacia la prevención y la vigilancia medioambiental se añade la de "redefinir el marco de competencias" de las tres administraciones que actúan en su seno: Gobierno, cabildos y ayuntamientos. Aunque no anunció un aumento de la plantilla, Barreto avanzó que la Agencia tiene "mucho trabajo por hacer y a veces poco personal". La "reorganización" -en la que se trabaja "de forma muy eficiente", dijo- puede ser la clave para superar estas carencias.

"El peso de la ley cae sobre los indefensos"

Entre los grupos de la oposición -Podemos, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera: Nueva Canarias no asistió a la comisión- parece existir coincidencia en que la trayectoria de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha sido descendente. "Ha ido a peor y ahora se encuentra en un estado lamentable", sentenció Asunción Delgado, de Podemos, mientras que Miguel Jorge, del PP, advirtió de cierta "languidez" en los últimos años.

Podemos fue el grupo que con más contundencia se refirió a la situación que vive el organismo. "Los agentes de medio ambiente no tienen bolsas de plástico ni tubos para recoger muestras, con lo que no se puede cumplir la cadena de custodia y los infractores pueden ganar cualquier juicio", dijo Delgado, quien reservó sus críticas más duras a la "impunidad" de la que, a su juicio, disfrutan empresas y grandes propietarios, cuyos expedientes "caducan", afirmó, cuando "sobre los más indefensos cae todo el peso de la ley".

Tanto los populares como ASG respaldaron el propósito del Gobierno de potenciar la vertiente preventiva de la Apmun. Miguel Jorge sugirió, en este sentido, la conveniencia de crear un equipo encargado de "explicar a los canarios la importancia de respetar la normativa medioambiental y urbanística", en especial a "los más jóvenes".