El Colectivo Sin Identidad, que trabaja por el esclarecimiento de casos de bebés y niños robados en Tenerife y Gran Canaria entre las décadas de los años 50 y 80 del siglo pasado, presentará hoy un documento ante el Parlamento de Canarias en el que solicita una declaración institucional contra la impunidad del tráfico de menores.

El texto lo presentarán Begoña Ramos, presidenta de la asociación con sede en Las Palmas, y Jorge Rodríguez Carrillo, presidente de la entidad en Tenerife. Ambos están asesorados por el abogado experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Sin Identidad reclama a la Cámara Regional que reconozca el "sufrimiento inhumano" de las madres, padres, hermanos y otros familiares que, aún hoy, esperan conocer el paradero de los recién nacidos que fueron sometidos a una desaparición forzada de hospitales de Canarias y el Jardín Infantil de la Sagrada Familia de Tenerife durante la dictadura y los primeros años de la democracia.

El colectivo quiere que se constate el mal funcionamiento del sistema judicial ante todos estos casos, "sin que todavía haya sido resuelto ni un solo caso de bebés robados por los tribunales".

Además, Sin Identidad reclama el rechazo tajante a la "impunidad todavía hoy resultante (...) y que hoy continúa beneficiando a los criminales que formaron parte de las distintas tramas organizadas de desaparición forzada infantil" y que se haga "cuanto esté en su mano para terminar con esta".

En el texto que se presentará ante el Parlamento canario se recuerda que el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos reconoce "el derecho humano a la vida familiar" sin injerencias externas, de todas esas madres, padres, hermanos y otros familiares afectados.

El escrito explica que los miembros de la Cámara deben ser conscientes de que "todo lo anterior representa una violación continuada de derechos humanos y una injusticia de enormes proporciones y profundo daño para los afectados". Además, se reclama en el documento que el 30 de agosto de cada año sea declarado el Día en memoria de los bebés robados en Canarias y de sus familias; es decir la misma jornada designada para homenajear a las víctimas de desapariciones forzadas.

Sin Identidad plantea que el Parlamento canario haga un llamamiento al Gobierno de España, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado para que se emprendan con decisión todas aquellas medidas necesarias para impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos, a la vez que se reitera la necesidad de que se tomen todas aquellas medidas para garantizar el acceso de las víctimas e investigadores a los archivos eclesiásticos, hospitalarios y de otros centros donde pudieron ocurrir desapariciones forzadas de menores.

Más de siete años de investigaciones

Jorge Raúl Rodríguez Carrillo, alma máter del colectivo Sin Identidad en Tenerife, señala que uno de los objetivos de la presentación del escrito ante el Parlamento es que haya "un reconocimiento del derecho a víctima a todos aquellos que fueron privados de vivir con sus familias y sometidos a vivir con falsas identidades. Rodríguez Carrillo indica que muchos de los menores que sufrieron esa situación "viven hoy como indigentes". Además, el presidente de Sin Identidad en Tenerife aclara que, desde el Parlamento canario, se trabaje por retirar el estigma que durante toda su vida ha caído sobre los niños acogidos en la popularmente conocida como "Casa Cuna". Jorge Raúl también comenta que "el derecho a recobrar tu identidad debe ir acompañado de Justicia gratuita", así como el acceso a los archivos de hospitales, del Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos, la Iglesia y otros centros de interés. A juicio de Rodríguez Carrillo, aquellos niños robados o sus hijos deben tener derecho a elegir con qué familiares quieren seguir vinculados en el futuro, una vez que descubren a su familia biológica. El portavoz de Sin Identidad está convencido de que muchos de los matrimonios adoptantes no buscaban hijos a los que ofrecer protección y cariño, sino que querían tener "cuidadores" para el momento en que tuvieran una edad avanzada. Rodríguez Carrillo lleva alrededor de siete años investigando con intensidad los orígenes de decenas de bebés o niños robados. Aclara que una de las vías para intentar ocultar los robos de niños consistía en bautizar en primer lugar al menor y después inscribirlo en el Registro Civil. Y para ese último trámite la partida de bautismo servía de "carta de identidad" para registrarlo ante la administración, según Jorge Raúl. En su labor investigadora, Rodríguez Carrillo se basa en tres pilares fundamentales, como son los archivos fotográficos, los testimonios de testigos y las fuentes documentales. Esa tarea resulta compleja y tiene muchos obstáculos, según el líder de Sin Identidad.

Una base nacional de datos genéticos pública

El documento que se presentará ante el Parlamento solicita "instar urgentemente, muy en particular al Gobierno de España", para que se cree, como en Argentina hace 30 años, una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que impulse la investigación de los casos de desapariciones infantiles y en la que participen efectivamente colectivos de víctimas de todo el país. Otra propuesta paralela pasa por abrir una Base Nacional de Datos Genéticos de titularidad y carácter público, para que los ciudadanos tengan protegidos con las máximas garantías datos muy personales. En tercer lugar insta al Ejecutivo central a crear una unidad policial de búsqueda de bebés robados durante varias décadas.

Peticiones al Gobierno canario

Las plataformas Sin Identidad pedirán al Gobierno canario que "garantice que el relato de las desapariciones infantiles y la compra-venta de seres humanos en centros públicos y privados del Archipiélago sea debidamente recogido en los libros de texto, como forma de impedir así el olvido entre las futuras generaciones y como garantía de no repetición en esta tierra". Otra reivindicación persigue emprender "todas las medidas necesarias, como la colocación de placas en los edificios correspondientes, para que se preserve la memoria de los lugares de la desaparición forzada infantil".

120 casos analizados en las dos provincias

Jorge Raúl Rodríguez Carrillo señala que en Canarias se investigan actualmente unos 120 casos de desapariciones forzadas de menores. Con muy diferentes estadios de avances en cada caso, Rodríguez Carrillo señala que, en cerca de la mitad, se ha logrado poner en contacto a los niños o bebés robados en su momento con sus familias biológicas. Para este portavoz de Sin Identidad, "la función de investigación que hacemos ahora debería hacerla la Policía". Y matiza que la administración debería asumir la responsabilidad de resolver el problema, porque "muchos niños estaban tutelados por la misma" al ocurrir los hechos.

Una proposición no de ley de amplio consenso

El objetivo de los impulsores de la medida del escrito ante el Parlamento canario es que se produzca una declaración institucional o una proposición no de ley de amplio consenso entre los grupos políticos presentes en la Cámara regional, en base a que Sin Identidad busca "verdad, justicia y reparación".