El pasado día 2, el Tribunal Constitucional (TC), tras aceptar previamente un recurso del Gobierno, declaró, por unanimidad de sus once magistrados, suspender de pleno derecho la resolución independentista del Parlamento de Cataluña, del 9 de noviembre, tras considerar que esta no solo es inconstitucional, sino que, además, constituía un desafío al Estado de derecho.
Como era de esperar, al presidente en funciones de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, la sentencia del TC le produce indiferencia, ya que en términos jurídicos está claro que la resolución del Parlamento de Cataluña queda anulada, aunque políticamente no, porque, según él, no se puede anular la voluntad de una parte muy significativa de la sociedad catalana: "La voluntad política de los diputados autonómicos y de los ciudadanos catalanes no se puede anular, por mucho que lo pretenda el TC y así lo ordena en su sentencia". Por consiguiente, y en vista de ello, se propone "políticamente" la misión de "seguir adelante en base a los resultados obtenidos en las elecciones celebradas el pasado 27 de septiembre e iniciar el proceso independentista, consistente en convocar un referéndum, acordado con el Estado, para desencallar la cuestión catalana".
La resolución independentista del Parlamento catalán, además de suponer un expreso rechazo a la Constitución Española (CE) por un poder que se reclama depositario de la soberanía y niega el vigente ordenamiento para fundar un nuevo orden político, liberado de toda atadura política, viola los artículos 1, 2, 9 y 168 de la CE, así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Veamos. El señor Artur Mas está muy equivocado en cuanto al concepto que tiene de lo que es la democracia en un Estado de Derecho.
El TC en su sentencia expone que en nuestro ordenamiento jurídico solo hay una soberanía, la que ejerce en su conjunto el pueblo español, y que esta no puede fragmentarse. También niega que pueda contraponerse el principio democrático, o sea, el voto de los diputados en el Parlamento de Cataluña, con el texto de la Constitución, dándole primacía al primero. Así lo corrobora el Alto Tribunal al afirmar que en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro "no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de lo establecido en la CE. Cataluña, como nacionalidad que es, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Carta Magna y su Estatuto de Autonomía. No olvidemos que las comunidades autónomas forman parte del Estado y, por lo tanto, están obligadas a cumplir con sus obligaciones y a garantizar el principio de legalidad. El TC considera que "en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible", de tal manera que "ningún órgano del Estado o ninguna fracción de la población puede arrogarse esa potestad". Por consiguiente, la Cámara Autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad.
La sentencia del TC subraya que resulta una falacia contraponer "legitimidad democrática y legalidad constitucional" a la resolución del Parlamento catalán, puesto que la legitimidad de las leyes y las actuaciones del poder político se sustentan en el acatamiento del ordenamiento jurídico, porque, sin respeto a la ley no puede haber legitimidad posible. El fallo del TC desmonta todas las falacias del independentismo catalán y convierte en papel mojado esa resolución. Por tanto, quien intente desestimar la sentencia habrá cruzado una línea roja cometiendo infracciones penales perseguidas por la Justicia.
Parece mentira que tras la sentencia del TC, los secesionistas no se quieran dar por enterados de que está definitivamente roto el cántaro de su particular cuento de "la lechera".