No es la primera vez que se quejan, pero es posible que sí sea la que más repercusión ha tenido. Los trabajadores sociales de todas las Islas protestaron ayer, de diez a diez y media de la mañana, por fuera de los ayuntamientos. El motivo, una reforma local que desdibuja su presencia en los consistorios y que, sostienen, tendrá un efecto nocivo sobre los ciudadanos que acuden en busca de ayuda.
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Iris Gómez, explicó que la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entrará en vigor el 1 de enero, puede eliminar muchos servicios sociales de los ayuntamientos. Ante esa incertidumbre -que a su juicio el Gobierno autonómico no ha sabido solventar-, calificó la convocatoria simultánea de "parón histórico". "Se ha conseguido un seguimiento del 100%" en todos los ayuntamientos canarios, explicó emocionada. "Protestamos porque es nuestra responsabilidad, pero sobre todo para defender a la sociedad. ¿Qué pasará cuando un vecino de El Tanque o de Buenavista necesite atención? ¿Hasta dónde tendrá que ir?", planteaba la responsable, que considera que la ley supondrá un deterioro brutal de la equidad, porque si los ayuntamientos no ofrecen estos servicios, los que menos tienen y más necesitan a la Administración estarán a expensas de la caridad y la solidaridad de las ONG que operen en la localidad.
El Colegio de Trabajadores Sociales calcula que la aplicación de la norma puede dejar sin servicios sociales a 66 de los 88 ayuntamientos que hay en el Archipiélago. "Los servicios sociales municipales son la puerta de entrada al sistema público. Si alejamos estas prestaciones, los ciudadanos se tendrán que desplazar con un dinero que no tienen", explicó.
El organismo calcula que el Plan Concertado, que ha sido la principal vía de financiación de estos servicios por parte del Estado, se ha recortado en un 42% en los últimos años, lo que ha obligado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a suplir esas carencias. Así y todo, ese recorte, unido al incremento de la demanda de personas y familias, ha provocado un descenso de las plantillas y un empeoramiento de las prestaciones. La reforma local deja en un limbo la prestación de servicios. Los municipios de menos de 20.000 habitantes son los más damnificados, ya que verán restringida su capacidad, pero no los únicos. Incluso en los que superen este límite cambiarán las competencias de los trabajadores sociales. Además de este colectivo, los psicólogos también se sumaron ayer a la "marea naranja" que protestó a las 13:00 horas frente al Parlamento canario y en la que ambos colectivos exigieron que el Ejecutivo regional dé una solución que vaya más allá de declaraciones de buenas intenciones.
Exigencias al Gobierno central y al canario
La primera exigencia de los trabajadores sociales es hacia el Estado, que es quien ha impulsado la norma que se implantará el 1 de enero, y al que exigen que incorpore una ficha financiera. Sin embargo, también creen que el Gobierno canario no ha hecho todo lo que podría, y que el asunto no es meramente competencial, sino económico. Por ese motivo, ayer entregaron una moción a cada uno de los grupos parlamentarios. Instan al Gobierno de Canarias a que haga público el Plan de Actuación que tiene previsto para la financiación suficiente de los Servicios Sociales Municipales y que dicha financiación esté contemplada en los presupuestos autonómicos de 2016. El Colegio recuerda que sus quejas no son nuevas y que la desigualdad ha crecido un 12% en Canarias con la crisis al tiempo que han aumentado las grandes fortunas.
Crece la demanda y bajan los recursos
La demanda ciudadana de servicios sociales ha aumentado de forma considerable mientras las partidas económicas y los recursos humanos han descendido. Según los datos que maneja el Colegio, la financiación por proyectos sociales cayó un 9,5% entre 2009 y 2013, a excepción de un leve incremento en los centros de acogida. "Se ha pasado de una financiación total de 68 millones y medio en 2009 a 62 millones en 2013. Este recorte contrasta con las 80.000 personas más atendidas en comparación con 2009 y, por supuesto, con la reducción de personal del 20% en este período de tiempo, factores que repercuten directamente en la calidad de los servicios, en la merma de los derechos y en el aumento de la desprotección social".