Entre 7.500 y 10.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular recuperarán el derecho a la asistencia sanitaria total en las Islas.Elconsejero de Sanidad,Jesús Morera, anunció ayer que este colectivo, marginado por un decreto estatal, podrá acceder a toda la cartera de servicios y dispondrá de la misma subvención de fármacos que cualquier otro ciudadano (40%). La orden –estaba previsto que se firmara ayer mismo– tendrá carácter retroactivo y se aplicara desde agosto, mes en el que tomó posesión el nuevo equipo y se comprometió a devolver este derecho. Es decir, las personas que se hayan visto perjudicadas podrán reclamar a la Administración los desembolsos que hayan tenido que afrontar por ello.
Desde 2012 y hasta ahora este colectivo solo podía acceder a AtenciónPrimaria. Esta “rectificación”, que es un compromiso electoral, permitirá que estas personas acudan también a las consultas de las diferentes especialidades o a rehabilitación, y que cuenten con transporte sanitario. Esta decisión no supone un desembolso económico significativo, ya que está demostrado que se produce un mayor gasto sanitario si hay más personas que se ven obligadas a usar las Urgencias, subrayó Morera. El responsable insistió en esta cuestión: “No hay incremento del Capítulo 1 porque no se necesita más personal” para normalizar la situación de estas personas. La factura de medicamentos sí puede verse incrementada –reconoció–, pero no de una manera importante. En otras palabras, dijo, “volvemos a poner a estas personas en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos”. No se trata solo de una cuestión económica, “sino de responsabilidad y justicia social”.
Para que esta declaración se convierta en realidad,Sanidad dará instrucciones desde ayer mismo a las gerencias de AtenciónPrimaria y a los centros de salud para que atiendan todas las solicitudes de tarjetas sanitarias que lleguen. El objetivo es que la prestación se devuelva “en las próximas semanas”. Morera lamentó que el compromiso que asumió en agosto para reponer la asistencia sanitaria a los inmigrantes “haya tardado más de lo deseado”, pero valoró que, a cambio, la orden cumple con todos los trámites requeridos para garantizar su legalidad y es menos susceptible de que un tribunal pueda anularla. Igualmente, y a pesar de que el consejero ha reiterado en diversas ocasiones que esta medida no supone un coste importante para las arcas autonómicas (los expertos insisten en que no hay estudios que demuestren su rentabilidad, sino todo lo contrario) admitió que su departamento ha tenido que remitir informes económicos a laConsejería de Hacienda detallando el coste de este servicio. Así y todo, el consejero subrayó que se trata de una medida “de humanidad y de salud pública” y no quiso precisar el coste económico que supondrá porque, en su opinión, lo importante “no es lo que va a costar, sino lo que se va ahorrar”.
