La decisión de la consejera insular de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, de deshacer el Equipo de Menores del Cabildo de La Palma, con el visto bueno del Consejo de Gobierno en acuerdo del día 26 de mayo de 2014, se efectuó sin que existiera una razón válida u objetiva que lo justificara, según se desprende de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, al que recurrieron las afectadas después de ser apartadas del servicio.
La resolución judicial emitida por el magistrado Francisco Eugenio Úbeda, con fecha del pasado 22 de octubre de 2015, anula el acuerdo del gobierno insular y estima de forma parcial el recurso interpuesto por tres trabajadoras afectadas, "que fuimos trasladas al antojo de la consejera", afirman.
En la sentencia, a la que tuvo acceso EL DÍA, el juez refleja que la modificación efectuada no responde "a necesidades reales de la estructura administrativa". Y es que "se habla de expediente de información reservada y de divergencia de criterios profesionales que evidencia un inadecuado clima laboral", pero, según el magistrado, "las circunstancias que justifican la modificación, supresión y creación de puestos de trabajo han de tener naturaleza objetiva y no realizarse en atención al clima laboral existente en un momento dado".
Por tanto, "considero un déficit de motivación que determina la nulidad de la modificación efectuada", subraya el juez.
Tras conocer el fallo judicial, las afectadas no solo han criticado la actuación de la consejera Jovita Monterrey, sino que aprovecharon para desmentir "la difamatoria información que una poco escrupulosa fuente informativa del Cabildo, ha divulgado con la clara intención de someternos a escarnio público y dañar nuestro prestigio profesional", llegándose a afirmar "desvaríos tales como que este equipo ha sido denunciado y sancionado, o que su mal quehacer le ha costado o puede costar al erario público 180.000 euros, lo que es categóricamente falso".
Mientras tanto, Jovita Monterrey y el Gobierno Insular, conocedores de la sentencia que anula el mencionado acuerdo de mayo de 2014, han optado por no realizar, al menos por ahora, ninguna valoración pública al respecto.
Actuación "vergonzosa" de Comisiones
Las tres profesionales que denunciaron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo al Consejo de Gobierno por el acuerdo que las apartaba de sus funciones como Equipo de Menores, y que fueron asistidas por el abogado José Ignacio Cestau Benito, considera que la sentencia, que estima de forma parcial su reclamación, "pone en entredicho la actuación de los representantes de los trabajadores en la Comisión Paritaria de Personal, quienes, con la vergonzosa abstención de Comisiones Obreras, votaron a favor de la actuación empresarial, ahora anulada". A propósito, califican esta actuación de "irresponsable, despreocupada y desleal", y afirman que "no defendieron sus intereses laborales y mermaron sus posibilidades de defensa judicial". De todas formas, este sindicato reconoció su error. En este sentido, las afectadas destacan "el ánimo reparador" de la Federación Regional de CCOO, "quien nos ha pedido disculpas y sufragado los gastos ocasionados por la denuncia del Cabildo". Sin embargo, por encima incluso de la críticas a la actuación de la consejera de Servicios Sociales y de algunos sindicalistas, las profesionales que denunciaron han querido dejar claro que se sienten "orgullosas" de su proceder profesional, y con este proceso esperan estar contribuyendo a que en el futuro "actuaciones tan lamentables no se vuelvan a repetir".