Los competentes juristas de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz han establecido, en un demoledor informe escrito con mayúsculas, que el edificio público de aparcamientos llamado "mamotreto" situado en el comienzo de la playa es ilegal e ilegalizable, con lo que hay que proceder a su demolición total. Dicho de otra manera, ocho millones de euros a tomar por saco.

La primera conclusión que se puede sacar es que estos juristas de Urbanismo no estaban cuando se hizo el proyecto del tal mamotreto, ni cuando se aprobó, se adjudicó la obra y se metieron las palas a trabajar. Digo yo. Porque si hubieran estado tendrían que haber advertido que la obra era ilegal e ilegalizable y los contribuyentes del municipio se habrían ahorrado soltar los mil trescientos millones de las antiguas pesetas ganados con el sudor de su frente, pagados en impuestos y tirados a la basura.

Mala suerte. Debe ser que no estaban. Pero sí que estarían otros que no hicieron informes desfavorables. De donde se concluye que las administraciones públicas y su personal son muy poco fiables. Razón tiene la gente que al final no le da mucho crédito ni a los políticos ni a los funcionarios, porque donde unos hoy dicen digo otras mañana dirán Diego. Como para fiarse.

El asunto es digno de un relato de Kafka. Es, dicho mal pero pronto, un aparcamiento público hecho por una administración pública que invade el terreno público de otra. Pero edificios que invadan la servidumbre o el dominio de Costas hay montones en las islas y ninguno está en trance de ser demolido. El caso del mamotreto es especial porque se convirtió en un símbolo. En ese aparcamiento, que debía ser enterrado para transformar su techo en una plaza pública, se encarnaron las furias contra la vidriosa compraventa de Las Teresitas. Pese a que son dos asuntos distintos, el devenir de las luchas partidarias lo convirtió en una pieza de la gran guerra.

En otro momento o en otro país el problema del mamotreto se habría resuelto con un convenio o acuerdo entre las diferentes administraciones. Porque al final es un conflicto entre gente que, en teoría, trabaja por el interés de todos. Pero como estamos donde estamos y en el tiempo en que estamos, el caso se judicializó por la vía penal. Y acabó con una insólita condena de cárcel para funcionarios y responsables políticos, no por corrupción, sino por ilegalidades urbanísticas, y con la orden de derribo. Ellos al talego y nuestro dinero al contenedor.

El informe municipal no deja lugar dudas. El edificio debe ser demolido. El solar tendrá que rellenarse para elevar la cota hasta el nivel en el que estaría el techo del mamotreto. En el futuro, bajo los pies de la gente que camine por la plaza, en vez de aparcamientos habrá tierra, piedras, restos de hormigón y vigas oxidadas. Ocho millones enterrados por orden judicial. Y allí debajo, sepultado también en esa tumba anónima, estará el sentido común de una sociedad que se ha grillado ya casi completa e irreversiblemente.