El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, tachó ayer de "intolerable" el caso de medio centenar de cirujanos investigados por presuntos sobornos y comisiones por poner prótesis, pero pide que no se generalice con estas prácticas a toda la profesión médica.

En declaraciones a los medios tras un acto organizado con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), el máximo representante de esta entidad colegial ha pedido "distinguir perfectamente" a los responsables ya que "es un fraude y un riesgo para la salud de los ciudadanos y un abuso del prestigio de la profesión". Asimismo, pidió que la justicia actúe rápidamente y actúe contra estos médicos.

"Mina la confianza de los ciudadanos en la profesión por parte de unos cuantos que se han sometido a la compra de los que siempre quieren sacar más dinero de lo que se merecen sus productos, poniendo en situación de riesgo la salud de los ciudadanos", denunció Rodríguez Sendín.

El juez que instruye el caso Innova, Diego Álvarez de Juan, levantó el miércoles el secreto de sumario sobre la causa e investiga a unas 60 personas más, 47 de ellos cirujanos, por presuntamente cobrar comisiones ilegales de Traiber por colocar sus prótesis, muchas de ellas defectuosas. Según el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, el juez ve tres circunstancias de "apariencia delictiva"; la primera de ellas, que la empresa presionó presuntamente a médicos para que compraran sus prótesis. También detecta "sobornos a médicos en forma de presuntos pagos en metálico para colocar sus prótesis", y colocación de prótesis en mal estado.

El presunto cobro de comisiones "hace saltar por los aires" el juramento hipocrático, mientras que el código deontológico médico recibe un gran golpe en su línea de flotación. El juez constata que no se presionó o no se pagó, precisamente, para poner las mejores prótesis del mercado, ni siquiera las menos malas, sino que "se presionó y se pagó por colocar prótesis caducadas y en mal estado". Por otro lado, el magistrado ve una elevada capacidad de la empresa para relacionarse con las más altas instancias políticas a nivel local y autonómico.