En España hay alrededor de 80.000 personas que no pueden votar. Ese es el "castigo" añadido a su discapacidad intelectual que les han impuesto algunas instancias oficiales. Según Fermín Núñez, responsable de comunicación de Plena Inclusión a nivel nacional, muchas sentencias judiciales que aprueban una modificación de la capacidad de obrar de estas personas incluyen que se les niegue también el derecho a voto.

Y la Ley Electoral actual, además, tiene "expresamente indicado" la posibilidad de "privar de ese derecho por sentencia judicial", añade Núñez.

Todo esto a pesar de que España ratificó en 2007 la Convención de la ONU sobre derechos de Personas con Discapacidad. Esta, en su artículo 29, reconoce el derecho de las personas discapacitadas "a votar y ser elegidas" en un proceso electoral.

El responsable de comunicación de Plena Inclusión reconoce que el pasado año se aprobó en el Congreso de los Diputados cambiar el artículo de la Ley Electoral que permite esta privación de voto. Pero hasta la fecha esa modificación no se ha hecho.

El proceso que tiene que seguir una persona que quiere recuperar su voto es largo. Tiene que reiniciar de nuevo un proceso judicial para que se lo devuelvan. Dolors Torrents, de Badalona, recuperó hace pocos días su derecho a voto, después de que un juez la incapacitara para votar. "Que necesite apoyo en temas económicos no significa que no pueda tomar decisiones ni expresar mi opinión como ciudadana", explicaba la propia Dolors.

"Las familias recurren a lo que antes se conocía como incapacitación para proteger sobre todo el patrimonio de estas personas", explica Fermín Núñez, que añade que existe una especie de "sentencia tipo" que incluía la "privación del derecho a voto".

"En otras ocasiones, sin tener establecida esa privación, se comunica al censo electoral", añade.

"Esto es déficit de ciudadanía que afecta a miles de personas", resume, para expresar su desconcierto sobre que aún no se haya modificado la Ley Electoral.

Por otro lado, desde Plena Inclusión se trabaja en otra línea de accesibilidad de la vida política. "Las personas con discapacidad intelectual pueden votar, pero no lo hacen en igualdad de condiciones", explica, para añadir que los programas electorales son demasiado complicados y largos para personas que "no tienen las mismas capacidades".

Por ese motivo, han iniciado una campaña con diferentes partidos políticos y aseguran que el PSOE y Podemos tienen en sus webs un programa "de lectura fácil que ha sido validado con personas de nuestra organización". Un pequeño avance en ese camino lleno de obstáculos que es la discapacidad.

"Los jueces no te conocen y te ponen una etiqueta"

Ana Belén Fumero, de 27 años y vecina de Arona, no ha tenido problemas para votar, pero reconoce que la situación con la que se encuentran algunos discapacitados es injusta. "Ellos deberían poder decidir lo que quieren, pero los jueces y las familias se lo impiden", opina.

Ana Belén, con un 71% de discapacidad física, irá a votar este domingo como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

Plena Inclusión no tiene constancia de que ninguna persona con discapacidad intelectual en Canarias haya iniciado un proceso judicial para recuperar su voto, pero sí conocen algunos casos de incapacitaciones.

"Los jueces no te conocen y te ponen una etiqueta", opinó Fumero, para añadir que a ello también contribuyen las familias, "por miedo, para protegerlos". El voto es un derecho, además, que no se puede transmitir a ningún tutor legal.