El primer plan para luchar contra la pobreza en Canarias se aprobó en 1998 y solo se ejecutó el 50%. No hubo otro hasta 2013, y en realidad no fue un plan, sino una estrategia de urgencia diseñada para intentar paliar el aumento de la precariedad que trajo la crisis a partir de 2008. Fue entonces cuando se empezaron a abrir los comedores escolares en verano, se ampliaron los desayunos hasta la Educación Secundaria y se dio un impulso a la prestación canaria de inserción. Ahora, el Gobierno se ha propuesto elaborar una nueva hoja de ruta que mantendrá muchas de estas medidas, pero que implicará un cambio conceptual importante: se abordará la pobreza en el Archipiélago como un hecho estructural y no coyuntural.

En otras palabras, no será un instrumento enfocado solo a cuantificar las necesidades asistenciales de la población excluida o en riesgo de estarlo, sino que se establecerán medidas relacionadas con el empleo, la educación o, incluso, la fiscalidad. Esa es la idea que tiene Néstor Hernández, el Comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza nombrado por el Gobierno canario, que lleva trabajando en ello desde julio y que cree que el problema va mucho más allá de la crisis actual.

"La estrategia anterior fue una acción de urgencia por la situación sobrevenida a partir de la gran recesión de 2008 y respondió, por lo tanto, a acciones de choque", explica. Ahora, además de mantener y potenciar algunas de las medidas que se llevaron a cabo a partir de ese documento, el Comisionado para la Pobreza confeccionará un protocolo que tendrá en cuenta todas las áreas de gobierno. Para ello se crearán mesas técnicas con expertos que estudiarán las posibles reformas que demanda el sistema para que la pobreza no siga siendo un hecho intrínseco a la sociedad canaria.

"El porcentaje de personas que se encontraban bajo el umbral de la pobreza a finales de los años 90 es similar al actual. Eso no quiere decir que le quitemos hierro al asunto; todo lo contrario. Significa que tenemos que abordar esta realidad", expone. Para poder acometer ese trabajo, el Comisionado ha encargado un primer estudio a economistas de la Universidad de La Laguna, que analizarán la calidad de los datos estadísticos disponibles en el Archipiélago y los problemas tecnológicos para cruzarlos. Este primer paso, subraya, es fundamental para contar con un mapa real de la precariedad en Canarias. El diagnóstico, ahora mismo, no existe porque las cifras que emanan de unas y otras instituciones difieren y hasta ahora no se ha hecho una investigación exhaustiva de la magnitud del problema. "Tenemos bases de datos que son incompletas e incluso dificultades técnicas para cruzar los datos del Gobierno porque no tenemos los recursos informáticos".

El primer estudio, el de la información estadística, estará listo a finales de enero y emitirá un veredicto sobre la fiabilidad de las bases. A partir de ahí se encargan los estudios que sean necesarios para cubrir esas carencias. Hernández prefiere no concretar una fecha para la presentación de este plan, pero insiste en que mientras se desarrolla seguirán vigentes las medidas de compensación social impulsadas por el Gobierno regional. En ese contexto, valora los incrementos presupuestarios de la Consejería de Políticas Sociales, que permitirán abonar 14.000 nóminas de la PCI y aumentar el presupuesto en comedores escolares hasta los 12,4 millones.

"Estudiaremos la política fiscal, la pobreza material, la energética, la inequidad generada por la dependencia... Todo. La lucha contra la pobreza no es un asunto solo del área de Políticas Sociales. No puede serlo. Con ello quiero decir que si nuestros expertos consideran que una medida debe ser una reforma fiscal que afecte al tramo del IRPF canario, para que la fiscalidad sea más progresiva, estará incluido en el plan. O si hay que rebajar el IGIC a los autónomos porque eso contribuye a crear negocios, también".

En estos momentos, a pesar de que aún no está hecho el estudio de la precariedad en las Islas, el Ejecutivo trabaja con la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística, que plantea que el 27,6% de la población está bajo el umbral de la pobreza. "Hablamos de 580.000 canarios". A pesar de que se empieza a escuchar que la recuperación está llegando, Hernández es aún algo escéptico. "No me atrevo a sugerir que los datos vayan a mejorar", dice, antes de reconocer que la realidad que cuentan trabajadores sociales es todavía muy dura. En un contexto así, él y su equipo tienen trabajo por delante.