La Inspección de Trabajo hizo aflorar cerca de 3.800 empleos irregulares en Canarias entre enero y septiembre de 2015. El anuncio fue realizado a comienzos de octubre por la vicepresidenta y consejera de Empleo del Gobierno regional, Patricia Hernández, pero ahora este departamento ha añadido nuevos datos que permiten conocer con mayor profundidad el alcance de la economía sumergida en el Archipiélago. Según la información facilitada al grupo parlamentario de Nueva Canarias, que formuló una pregunta al respecto en la Cámara autonómica, los sectores de la hostelería y los transportes son, de forma muy mayoritaria, los más afectados por estas prácticas.

Un 65% de las personas que trabajaban sin contrato lo hacían en uno de estos dos sectores. En concreto, 1.300 se encontraban ocupadas en actividades relacionadas con la hostelería (alojamientos hoteleros o extrahoteleros y restauración), mientras que 1.100 tenían un empleo en el transporte. Les siguen a considerable distancia -al margen del epígrafe "otros", en el que se detectaron 407 empleos irregulares- los sectores de la construcción y los servicios, ambos con 294. A continuación se sitúan el comercio, con 152, la industria, con 92, la agricultura, con 87, y el hogar, con 12.

Las cifras suministradas por el Ejecutivo al diputado de NC Luis Alberto Campos ofrecen también un desglose por islas de los resultados que han arrojado las inspecciones. Así, Tenerife es el territorio que registra un mayor número de empleos irregulares aflorados, con 1.784, en tanto que en Gran Canaria se sorprendió a 1.583 personas en esta situación. El resto de islas presenta datos mucho más bajos: en Lanzarote se detectaron 203 empleos irregulares, 98 en Fuerteventura, 46 en La Palma, 13 en La Gomera y 11 en El Hierro.

Las actuaciones emprendidas solo han permitido atacar una pequeña parte del fenómeno de la economía sumergida en la Comunidad Autónoma, al menos si se atiende a los cálculos efectuados por el Instituto Español de Analistas Financieros, que en 2013 cifraron en alrededor de 60.000 los empleos irregulares en las Islas y en unos 800 millones de euros el impacto económico que, en forma de cotizaciones no abonadas, representan para las arcas públicas. Las estimaciones de esta entidad apuntan, igualmente, a que la incidencia de este fenómeno es superior en Canarias a la media española (28% frente a 18%).

Diez proyectos han recibido este último año ayuda financiera del Gobierno regional para luchar contra la economía sumergida. Creativa (asociación para la promoción del empleo y la cohesión social) obtuvo una subvención para desarrollar el Proyecto 2015 Despega, dirigido a informar, asesorar y sensibilizar acerca de los perjuicios de esta práctica.

A Femepa (Federación Provincial de la Mediana y Pequeña Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas) se le concedió financiación para su servicio de ayuda a la legalización.

Femete (Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife) también figura en la relación de entidades subvencionadas con una iniciativa que incluye medidas dirigidas a "encarar el devastador efecto" de la economía sumergida.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) fue beneficiada con una subvención para mantener su portal web de ayuda e información a los empleadores, canalización de las denuncias y campañas de sensibilización. Por su parte, la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, CEOE, impulsó el proyecto "Por un crecimiento justo e igualitario".

La Asociación Canaria Atacayte para la lucha por el bienestar social concibió el proyecto Empléate 2015, que, además de favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, pretende formar sobre las negativas repercusiones del trabajo irregular.

Serinus II es el nombre de la iniciativa de la Asociación Domitila Hernández de Tacoronte para implicar a las administraciones locales en el combate contra la economía sumergida.

La Confederación Empresarial de Lanzarote fue subvencionada para poner en marcha un canal de comunicación para autónomos y empleados que facilite información y asesoramiento para la legalización de los trabajos en situación irregular.

Finalmente, Actúa (asociación para la inserción laboral y fomento de la economía social) recibió una ayuda para ejecutar el proyecto "Ganamos todos... Un paso hacia la economía real".