El Ayuntamiento de Granadilla de Abona cumplió, el 31 de diciembre pasado, la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenó al consistorio a devolver a la compañía Endesa los seis millones de euros que pagó por la licencia de la obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial del municipio, así como los intereses devengados desde 2010 (año en el que pagó la compañía esa cuantía) hasta ahora. El importe total se aproxima a los ocho millones de euros.
Endesa presentó un contencioso-administrativo contra la medida que adoptó el gobierno municipal de entonces (2007-2011), formado por el tripartito Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Sí se Puede (SsP), que tenía como alcaldesa a la ahora exnacionalista Carmen Nieves Gaspar Rivero. La decisión del TSJC favorable a la compañía eléctrica crea actualmente una "situación delicada" al municipio porque el ayuntamiento se encuentra en estos momentos en estado de inestabilidad presupuestaria por el pago de estos ocho millones de euros.
"Las cuentas municipales quedan destrozadas", señaló el alcalde, Jaime González Cejas, quien adelantó que ya están elaborando un Plan de Reestructuración Municipal para incorporarlo al presupuesto de la corporación para el año en curso, que espera aprobar este mes.
"Se trata de establecer los mecanismos económicos para devolver la estabilidad presupuestaria al Ayuntamiento de Granadilla de Abona en dos años", compromiso que adquiere el gobierno local con el central.
González Cejas aseguró que la premisa es "mantener los servicios que presta esta administración al ciudadano afectándolos lo menos posible", si bien consideró que será inevitable reducir algunas de las partidas.
"Esta es la consecuencia de la política de aquel tripartito", recordó el regidor, quien adelantó que el presupuesto de 2016 partirá con un déficit aproximado de 5,5 millones de euros "solo por el pago de estos ocho millones, una cuestión que espero se tenga en cuenta por el ministerio".
En cualquier caso, el gobierno municipal ya giró a Endesa la liquidación definitiva correspondiente a la obra que motivó esta situación, ascendiendo el importe total a casi ocho millones de euros. La empresa trasladó el tema a la vía judicial, si bien avaló la cuantía requerida por la Administración local como medida cautelar establecida por la legislación vigente.