El Gobierno de Canarias prepara una nueva Ley del Suelo que simplificará los trámites de planeamiento urbanístico, "desgranará competencias hacia los ayuntamientos y los cabildos" y respetará el medio ambiente, según anunció ayer el presidente canario, Fernando Clavijo.

Esa nueva ley, cuyo articulado se conocerá a finales de enero y se someterá luego al debate de los diversos sectores, tratará de "desgranar las competencias hacia los cabildos y ayuntamientos" y evitar "la duplicidad o bicefalia" por la que actualmente un cabildo propone y es la comunidad autónoma la que finalmente aprueba, según indicó el presidente.

La intención es que la norma sea "lo más simple y lo más segura posible", además de respetar el medio ambiente, siempre según lo explicado ayer por Clavijo en una rueda de prensa en la que adelantó los objetivos de su gobierno para el próximo semestre.

"En ningún caso va a ser una ley que vaya a consumir más suelo. Todo lo contrario, lo que va a hacer es ordenar, simplificar y dar seguridad al suelo que está clasificado", aclaró.

Respecto a esos objetivos, el jefe del Ejecutivo señaló que, durante el próximo semestre, el Gobierno promocionará en otros países las ventajas fiscales del Archipiélago y difundirá que "Canarias cuenta con el mejor entorno fiscal de toda Europa", para lo que mantendrá reuniones con embajadores y aprovechará también las ferias en las que participe. Igualmente, trabajará para eliminar los trámites administrativos y burocráticos que encuentra el comercio electrónico como consecuencia de la aplicación del IVA y del IGIC, para lo que se formará un grupo de trabajo.

Otro de los objetivos será incrementar la presencia de Canarias en la UE con el fin de lograr "una mayor sensibilidad" hacia el Archipiélago de cara a las nuevas negociaciones relativas a las regiones ultraperiféricas (RUP), que comenzarán en 2017.

Asimismo, el Ejecutivo autónomo continuará impulsando la diversificación de la economía canaria, con una apuesta por el sector industrial, que genera un empleo más estable y de mayor calidad, según subrayó Clavijo. Para ello, y entre otras cosas, vinculará el sector primario al turístico, alentando a que los productos que se cultivan o fabrican en Canarias se consuman en establecimientos turísticos.

De la misma manera, se trabajará para que las empresas canarias participen en las reformas de los establecimientos turísticos y sean partícipes de la recuperación de la construcción en marcha. En cuanto al empleo, destacó que, a finales de diciembre, se habían creado 24.597 nuevos puestos de trabajo en Canarias, y una de las prioridades regionales será que sean estables y de calidad. La precariedad laboral del archipiélago se debe, según el presidente, a la reforma laboral vigente, que facilita el despido, a una recuperación económica todavía no consolidada y a la temporalidad turística.

El pacto e indemnizaciones por la moratoria

Clavijo también se refirió a las desavenencias entre CC y PSOE relativas al pacto de gobierno por los casos de Arona, Puerto de la Cruz, Arico y otros lugares. A su juicio, "no afectan en absoluto a la acción" del Ejecutivo autonómico, que "es institucional". Según dijo, "no hay ningún tipo de diferencia dentro del seno (del Gobierno) ni ninguna afección al mismo" y el Ejecutivo trabaja "con paso firme". Asimismo, recordó que las dificultades de gobernabilidad que puede haber en alguna institución deben resolverlas los partidos políticos.

Igualmente, indicó que las posibles diferencias sobre el pacto de gobierno entre CC y PSOE se evalúan en la comisión creada al efecto, que se reúne de manera periódica.

Por otro lado, afirmó que las indemnizaciones por la moratoria "están por ver". El presidente no tiene claro que las sentencias que amparan los derechos de empresarios afectados por la llamada "segunda moratoria turística" vayan a concluir con compensaciones por parte de la comunidad autónoma. En las últimas semanas, el Supremo ha confirmado varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condenan al Gobierno regional a tramitar la solicitud de indemnizaciones planteada por varios empresarios que decidieron acogerse a la opción de recalificar como rústicos los terrenos que no pudieron desarrollar debido a la moratoria.

Los empresarios reclaman indemnizaciones millonarias, pero el propio Supremo precisa que, por ahora, solo se les reconoce el derecho a que el Gobierno canario abra los correspondientes expedientes indemnizatorios y resuelva si procede o no pagarles. Ante esto, Clavijo recalcó que los fallos no establecen ninguna compensación, sino que reconocen el derecho a la tramitación de los planes parciales.