El gobierno municipal que formaron CC, PP y Sí se Puede en el mandato 2007-2011 cobró a la compañía Endesa (entonces aún Unelco) 6.079.544 euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente al segundo ciclo combinado de la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial de Granadilla.
Este cobro se produjo a pesar de que el juez Jorge Riestra, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, emitió un auto (11 de marzo de 2010) en el que decidió "acceder a la suspensión de la ejecución de la liquidación recurrida, previa constitución de aval bancario solidario, que garantice el pago de la cantidad". Ello solo obligaba a la compañía a avalar ese importe ante la Administración. Sin embargo, ese dinero fue cobrado por el gobierno local que presidió la exnacionalista Carmen Nieves Gaspar.
La devolución de esa cuantía íntegra, más los intereses devengados desde entonces de cuya suma resulta una cantidad cifrada en torno a los ocho millones de euros, es lo que materializó el Ayuntamiento de Granadilla de Abona antes de la finalización de 2015. La consecuencia inmediata es que la corporación municipal se encuentra en situación de inestabilidad financiera, de la que su actual grupo de gobierno dice que se prolongará dos años, al menos.
Esa devolución fue ordenada por el juzgado al haber presentado el consistorio el recurso correspondiente fuera de plazo. Las fuentes municipales consultadas explicaron que están a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo interpuesto en abril del año pasado para estudiar las acciones a que hubiere lugar contra los abogados.