Las defensas de los acusados en el ''caso Arona'' han coincidido este martes en solicitar la nulidad de las actuaciones en la primera sesión del juicio oral que investiga más de 200 licencias de obra y 75 contrataciones irregulares en el municipio del sur de Tenerife entre 2003 y 2007.

Entre los distintos abogados se ha incidido principalmente en la supuesta "falta de imparcialidad" del juez instructor, Nelson Díaz Frías, la ausencia de garantías legales en las grabaciones telefónicas, y la necesidad de establecer piezas separadas ante la complejidad de la trama.

La abogada del exalcalde José Alberto González Reverón, entre otros, Olga López, ha dicho que la investigación se basa en indicios y probabilidades, "sin ningún hecho concreto", y ha criticado los "registros indiscriminados" a viviendas y empresas y los interrogatorios "exhaustivos, de forma inquisitorial".

En su opinión, ha habido una "manipulación" del procedimiento, y la grabación aportada por el empresario José Ramón Ansorena en la que supuestamente se demuestra el cobro de comisiones a cambio de licencias de obra, es "ilícita".

Es la que más ha cargado contra la supuesta parcialidad de Díaz Frías, con interrogatorios que ahondaban en "cuestiones familiares" debido a su condición de vecino de Los Cristianos.

Por su parte, la defensa del arquitecto municipal Eliseo de la Rosa ha rechazado la acusación particular porque a Ansorena no le afecta ningún expediente administrativo del caso, aspecto que ha apoyado la abogada de uno de los empresarios acusados --Arsenio Zamora--, que ha criticado la vulneración de derechos en su detención y ha incidido en que la causa es "nula de pleno derecho" porque, entre otras cosas, no se comprobó si la grabación era real.

El abogado del aparejador municipal, Roberto de Luis, también ha custionado la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por ley al consideran que los hechos ya eran investigados por el Juzgado Número 1 de Arona y no se tendrían que haber abierto otras diligencias por parte de Nelson Díaz.

LA FISCAL DEFIENDE EL PROCESO

La fiscal Francisca Sánchez --que ha sustituido a Inmaculada Violán-- ha rechazado la nulidad de las actuaciones y ha remarcado a los abogados que si no había imparcialidad del magistrado se debió presentar una recusación, lo mismo si se consideraba que la instrucción era inadecuada.

Sobre los registros, ha dicho que fueron ordenados "con todas las garantías", y en cuanto a los interrogatorios, ha comentado que si eran "inquisitoriales" --como ha dicho la abogada del exalcalde--, un imputado tenía derecho a no declarar.

Ha tildado de "diabólica" la posición de las defensas sobre la acusación particular, ha señalado que el contenido de las grabaciones era "delictivo" y prevalece sobre el derecho a la intimidad, y ha apoyado que la Sala resuelva las cuestiones previas antes de los interrogatorios.

La acusación particular, por su parte, ha dicho que gran parte de los argumentos de la nulidad ya fueron rechazados en un auto judicial en 2013, y ha defendido que no hay motivos para justificar la supuesta parcialidad del juez.

En la vista oral que ha comenzado este martes en la sección sexta de la Audiencia Provincial hay un total de 13 acusados entre políticos, funcionarios, técnicos municipales y empresarios. Al exregidor municipal entre 2003 y 2012 --tuvo que dimitir por otra condena por contratación ilegal-- le solicitan tres años de cárcel, 35 de inhabilitación y una multa de 20.000 euros.

La vista oral se reanuda este miércoles a las 09.30 horas con la posibilidad de que los magistrados resuelvan la nulidad solicitada por las defensas para así dar a paso a los diferentes interrogatorios a los acusados.