La Sección Sexta de la Audiencia Provincial se pronunciará hoy sobre la petición de nulidad de la actuación del juez instructor del caso Arona, Nelson Díaz, a quien los seis abogados de la defensa de los 13 acusados que ayer se sentaron en el banquillo de la sala 6 del Palacio de Justicia culparon de incurrir en irregularidades, llegando a plantear que no solo se autoadjudicó la causa incumpliendo las normas de reparto del Juzgado aronero, sino que debió abstenerse por "falta de imparcialidad" al ser "oriundo" de Los Cristianos, localidad de Arona. También criticaron que el auto autorizando las intervenciones telefónicas no figura en el sumario, pero sí está en el sistema informático Atlante, según aportó la Fiscalía.
Contra Nelson Díaz se escucharon ayer acusaciones tales como que hizo "interrogatorios inquisitoriales y prospectivos", que los registros y las escuchas telefónicas son nulos de pleno derecho por "innecesarios y vulnerar leyes orgánicas" y que "manipuló las normas de reparto por intereses espurios", además de que obligó a responder en los interrogatorios a los únicos dos detenidos que hubo en este caso, circunstancia esta que supone "una acusación al magistrado de coacciones", según el abogado defensor, Santiago Martínez.
La fiscal, Francisca Sánchez, señaló a los letrados de la defensa que no pusieron objeción alguna a los interrogatorios cuando se produjeron y les aclaró que ante sus acusaciones de parcialidad "solo cabe el recurso de la recusación" del juez Nelson Díaz, algo que no se produjo.
En el caso Arona se juzgan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. De ellos se acusa a la Junta de Gobierno Local del mandato 2003-2007, que adoptó unos 300 acuerdos (entre enero de 2004 y noviembre de 2006) de concesión de 205 licencias urbanísticas que, supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad, y 75 expedientes de contratación con informes en contra. Además, figuran el arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa; el aparejador municipal, Roberto de Luis, y lo arquitectos y empresarios Zenón Rodríguez Neris y Jorge Menéndez Díaz, más Arsenio Zamora Toledo, presunto intermediario en el supuesto cobro de comisiones.
Desde ayer y hasta el 9 de mayo tendrán lugar 36 sesiones de un sumario iniciado el 8 de marzo de 2007, por una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial tras detectar la Fiscalía General del Estado "indicios de prevaricación urbanística" en la documentación que presentó el entonces portavoz del PSOE en Arona, Francisco García Santamaría, a finales del ejercicio de 2006.
Hoy comienzan a declarar los acusados. Los primeros en comparecer serán el exalcalde, José Alberto González Reverón (CC), y el exconcejal Félix Sierra Melo (PP). Para el primero, la Fiscalía (representada en la sala por Francisca Sánchez) pide tres años de cárcel, 35 de inhabilitación para desempeñar cargo y empleo público y una multa de 20.000. Sobre el segundo pesa una petición de cuatro años de prisión y 500.000 euros de multa por presunto cohecho, además de 21 años de inhabilitación.
Ansorena y su grabación
La acusación particular del caso Arona la realiza José Ramón Ansorena Carrera, algo que cuestionaron los letrados de la defensa planteando que lo procedente es que fuera acusación pública. La Fiscalía recordó que hay una diligencia de 2009 en la que se le reconoce su condición de perjudicado y, por tanto, su derecho a ser acusación particular. El 18 de diciembre de 2007 aportó una grabación que realizó el 10 de julio de 2002 y en la que uno de los acusados, Arsenio Zamora, llega a pedirle 45 millones por una licencia de obra.
De la Rosa y De Luis
La custodia de tal grabación, con contenido "indiciariamente delictivo" -según la Fiscalía-, fue cuestionada por la defensa del arquitecto y del aparejador municipal, Eliseo de la Rosa (en la foto) y Roberto de Luis, respectivamente. Para ambos, se imposibilitó comprobar si era original o si estaba manipulada. Su puesta en conocimiento del juez Nelson Díaz motivó la detención de Arsenio Zamora, presunto intermediario, ese mismo día y durante 72 horas. La fiscal consideró que por su contenido, la grabación "debe prevalecer" sobre el derecho a la intimidad.
Juan José Alayón
La sala ordenó ayer que el acusado Juan José Alayón sea diagnosticado por el médico forense a fin de acceder a la petición de su defensa de permitirle no asistir al resto de las sesiones del caso hasta que se celebre la última. La causa argumentada es que padece "una enfermedad irreversible". Ni la Fiscalía ni la acusación se opusieron a esta solicitud.
Resolver antes de seguir
Tanto los abogados de la defensa como la Fiscalía y el abogado defensor pidieron a la sala que resuelva la petición de nulidad de la instrucción antes de iniciar los interrogatorios.