Una conocida sentencia, muy popular en Estados Unidos, asegura que sólo hay dos cosas de las que no escapa nadie, que son la muerte y los impuestos. No es verdad. Incluso en Estados Unidos, un país en el que no pagar los impuestos se considera socialmente un delito muy grave (no cómo aquí, que se aplaude el escaqueo), incluso en EEUU, vaya, hay políticas fiscales diseñadas para que quienes más tienen paguen menos. En España suele decirse que los impuestos suben, pero nunca bajan, y también eso es falso. Es frecuente que bajen o se deroguen determinados tipos de impuestos, sobre todo los que afectan a las sociedades, los patrimonios, los legados y donaciones y las herencias.

En Canarias, por ejemplo, a partir del uno de enero, ya no se paga prácticamente por el impuesto de sucesiones. El tributo esta bonificado en un 99 por ciento. Nuestro Gobierno asegura que se trata de una medida profundamente social, cuyo objetivo es evitar que la gente que hereda una propiedad tenga que pagarle a Hacienda la sexta parte del valor de lo heredado o renunciar a ella por carecer de recursos para hacer frente a la clavada. En realidad, recuperar la bonificación del impuesto de sucesiones -que fue derogada para recaudar más durante la crisis- es una medida popular, pero no social. Sería social si se aplicara de diferente manera a las pequeñas herencias y a las grandes fortunas, y no de forma igualitaria a todo el mundo. El Gobierno justifica el reimplantar la bonificación porque retirarla fue una medida coyuntural, consecuencia de la necesidad de favorecer el equilibrio fiscal durante la crisis. Si esa explicación fuera la correcta, el Gobierno debería reducir el IGIC desde el siete por ciento al cinco por ciento, porque el IGIG también fue modificado coyunturalmente para hacer frente a la crisis, y el Gobierno también se comprometió a cambiarlo cuando las cosas mejoraran. Está claro que han mejorado para unas cosas pero no para otras: recuperar la bonificación en sucesiones nos cuesta a los canarios 30 millones de euros al año. Volver a reducir el IGIC y llevarlo del siete al cinco por ciento nos costaría casi 400 millones. Por eso, al Gobierno, a pesar de que la recaudación está ya al nivel de 2007, anterior a la crisis, ni se le pasa por la cabeza reducir el IGIC este año, y -en palabras del propio presidente Clavijo- ve "poco probable" que pueda producirse una reducción el próximo ejercicio. El cumplimiento de la palabra dada vale para un impuesto, pero no para el otro.

Curiosamente, la bonificación de sucesiones favorece sólo a un porcentaje pequeño de los ciudadanos, y mucho más a los que más tienen. Mantener el aumento del IGIC, sin embargo, supone un perjuicio para todos, y especialmente para aquellos que dedican mayor parte de sus recursos a consumo o servicios, es decir, a quienes ni ahorran ni invierten, los más pobres. Además, hay estudios que plantean que la reducción del IGIC, al favorecer el consumo, probablemente aumentaría la recaudación. Aunque ese proceso ni es automático ni resolvería en un par de años el agujero de casi 400 kilos.

Uno comprende que el Gobierno no podría mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales si el IGIC volviera este ejercicio a sus tipos anteriores. Pero por lo menos, que no nos vengan con la milonga del compromiso social y las promesas cumplidas.