Dos informes, uno del interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz en Emmasa y otro de la Dirección General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, avalan la apertura de nuevos expedientes sancionadores a Sacyr-Vallehermoso, empresa que gestiona Emmasa.

Las sanciones que se proponen tienen que ver, por un lado, con el conocido como "know how" (saber hacer) del contratista, ya que podría haberse producido una duplicidad de facturación en este asunto, y, por otro, con las subcontrataciones de determinados servicios efectuadas por Emmasa sin la autorización previa del consistorio.

"Ha habido una serie de facturas que Valoriza-Agua ha girado a Emmasa y tanto los técnicos como el interventor interpretan que eso ya estaría incluido en el know how", explicó el concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga.

El informe concluye al respecto que "existen elementos de juicio suficientes para determinar que, al menos en los ejercicios 2006 y 2007, hubo transferencia efectiva de know how del socio privado a Emmasa".

Y en la misma línea, los técnicos municipales sentencian que "ninguna" de las subcontrataciones efectuadas con Emmasa ha contado con autorización previa municipal. "Eso hay que aclararlo con un expediente sancionador, en su caso, por vulneración del artículo 5.3", añadió el concejal.

Según el documento de los técnicos del ayuntamiento, Emmasa subcontrató también con empresas del propio socio privado, aunque, supuestamente, estas no superaron el 50% del importe del contrato.

El asunto se debatió ayer en la Comisión de Control, en la que compareció, a petición del grupo municipal de Sí se Puede, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Domingo Cabrera.

Cabrera detalló las conclusiones del informe al respecto elaborado por técnicos de su área, algunas de las cuales coinciden con las expuestas en el documento redactado por la Intervención municipal en la empresa mixta de aguas.

Conocidas las conclusiones de ambos documentos, ¿se va a iniciar ese expediente sancionador? "Con la propuesta del interventor ya veremos lo que decidimos en la Junta de Gobierno", dijo Arteaga al concluir la Comisión.

De llevarse a efecto, estos dos nuevos expedientes sancionadores se sumarían a los ya abiertos por parte del ayuntamiento contra la empresa.

Como se recordará, en mayo de 2013 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sancionó a Sacyr-Vallehermoso con una multa de 450.000 euros por incumplir el pliego de condiciones suscrito en 2006 para la prestación del servicio.

Dicha sanción está suspendida, de forma cautelar, por la Justicia, tras un recurso presentado por la compañía.

De cualquier manera, y a pesar de esas conclusiones, tanto el servicio gestor como la Intervención en la empresa mixta coinciden en descartar la resolución de la relación contractual y apuestan por "reconducir" la situación.

"No se han constatado incumplimientos por parte de la sociedad mixta", recoge el informe de los técnicos municipales.

A partir de esta premisa, expuso Domingo Cabrera, tanto el interventor de la empresa como el servicio gestor "coinciden también" en no proponer la resolución contractual, una vez finalizada la intervención, sino adoptar diferentes medidas que permitan reconducir la actuación de la empresa a lo estipulado en el contrato suscrito".

En este sentido, Arteaga indicó que "a pesar de constatarse algún incumplimiento, el pliego permite su corrección a través de los oportunos expedientes sancionadores".

Frente a ello, los argumentos de la oposición. Pedro Fernández Arcila, de Sí se Puede, apreció "contradicciones" entre el informe del interventor y el elaborado por técnicos del área de Bienestar Comunitario y Servicios Municipales.

"Creo que hay argumentos suficientes para proceder a la resolución del contrato", indicó Arcila.

En esta línea, Ramón Trujillo, de Izquierda Unida, remarcó que "parece que el ayuntamiento es rehén de Emmasa", e incidió en la idea de su compañero de oposición: "El grupo de gobierno debería buscar todas las fórmulas para rescindir el contrato".

"La conclusión es que ha habido incumplimientos", sentenció José Ángel Martín, portavoz del PSOE.

"Emmasa era rentable cuando era pública y ahora no lo es. Hay que buscar los motivos", propuso Enrique Rosales, concejal de Ciudadanos.

Condena a Emmasa por el suelo de la desaladora

La empresa concesionaria del servicio de aguas en Santa Cruz, Emmasa, ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a pagar 340.000 euros a la Autoridad Portuaria por el suelo que ocupa la desaladora en Cueva Bermeja.

La concesión fue otorgada a principios del año 1998 y posteriormente quedó revocada, pese a lo cual las instalaciones siguieron funcionando en su actual emplazamiento. Por ello, el TSJC estima que el pago de este canon servirá para regularizar la situación de la concesionaria.

Desde hace años Puertos reclama a Emmasa el abono de la tasa de ocupación de dominio público, una cantidad cifrada en 340.000 euros al año. La empresa, por su parte, consideraba que era el Ayuntamiento de Santa Cruz el que debía hacer frente al pago. Este incumplimiento daba lugar a que las instalaciones careciesen de autorización.

Por este motivo cuando Emmasa pretendió ampliar la desaladora por medio de una inversión de 31 millones, Puertos mostró su oposición. Incluso el organismo estatal llegó a amenazar a la compañía con desalojarla apelando precisamente al impago del canon estipulado. El objetivo de esta ampliación es elevar del 33% al 90% el abastecimiento de agua a los vecinos de la capital tinerfeña por medio de la desalación.

Esta medida supondrá un significativo ahorro para los usuarios dado que ya no será necesario comprar el agua a las galerías. La ampliación de la desaladora es la principal inversión que ha comprometido Sacyr-Vallehermoso desde que asumió la gestión del servicio de aguas en la capital tinerfeña.

Hace un año se llegó al acuerdo de pagar la tasa correspondiente a 2015, mientras que los requerimientos de otros ejercicios se discuten en los tribunales, que en un primer pronunciamiento se han puesto del lado del organismo estatal. La primera fase de las obras de ampliación se desarrollará hasta 2017 y contará con una inversión de casi 9 millones de euros. La segunda se llevará a cabo entre 2018 y 2021 con 22 millones. Una vez culminadas las obras se podrá pasar de una producción anual de 21.000 metros cúbicos diarios a los 48.000.