Canarias cuenta con el mismo personal encargado de valorar la discapacidad que hace nueve años. La directora de Dependencia y Discapacidad, Alicia Álvarez, -que tomó posesión del cargo en agosto- quiere transformar esta situación y se ha marcado como prioridad duplicar los recursos humanos para poder valorar a los demandantes en un plazo máximo de seis meses, que es el período máximo que establece la ley. "Es inaceptable que las solicitudes se hayan incrementado en un 2.000%, pero no se haya contratado a nadie en nueve años", lamenta la responsable. En la actualidad, en las Islas un ciudadano espera de media 480 días para ser valorado y obtener el certificado de discapacidad, documento que no implica derechos, pero que abre la posibilidad a obtenerlos a través de distintas administraciones o optando a convocatorias de empleo específicas para este colectivo.
La Consejería de Políticas Sociales, de la que depende esta dirección general, cuenta con cinco equipos. Cada uno de ellos está formado por tres personas: un médico, un psicólogo y un trabajador social. Es decir, solo hay 15 profesionales en los centros base de la Comunidad Autónoma (uno por provincia) que se encargan de evaluar a cada uno de los solicitantes.
Según los cálculos de Álvarez sería necesario contar con el doble de personal que hay ahora para acabar con "el cuello de botella" actual y lograr que los informes se elaboren en esos seis meses. Una vez logrado desatascar el sistema es posible que solo hiciera falta contar con un equipo más para que los centros base funcionaran correctamente. "El sistema funciona así y no peor porque tenemos unos profesionales maravillosos". No obstante, es imprescindible "conseguir refuerzos" de manera urgente.
La crisis multiplica las demandas
No hay un estudio que explique por qué durante los últimos años se ha producido un incremento tan importante de las solicitudes de informes relacionados con la discapacidad. Sin embargo, Alicia Álvarez cree que la crisis puede explicar en gran medida estos datos. El certificado de discapacidad no otorga derechos, pero permite optar al cupo de oposiciones para personas con discapacidad o de determinadas ofertas de empleo. También es requisito para solicitar la pensión no contributiva. En un contexto de desempleo y escasez, la directora general cree que tiene sentido que el número de personas que solicitan la valoración de su discapacidad, sea del grado que sea, haya crecido de manera notable.