Está en el aire la celebración de 17 de las 19 sesiones previstas en el juicio contra cuatro empresarios responsables de empresas que extrajeron áridos de los barrancos de Güímar durante medio siglo, por lo que están acusados de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. La causa es que Antonio Plasencia se declaró culpable y pidió perdón ofertando la reducción a un año y tres meses de los cinco años de cárcel que piden la acusación particular y la Fiscalía, así como el pago de los 52 millones de euros en propiedades inmobiliarias, embargados por el juzgado como fianza en el marco de esta causa. Además, presenta un plan de reposición para la zona de su cantera.
A esta propuesta se sumaron los también empresarios acusados Pedro Sicilia y José Enrique Morales, no así el cuarto de los industriales que se sienta en el banquillo, Francisco Javier del Rosario, por considerar este que lo denunciado no le afecta al haber asumido el puesto de administrador mancomunado el 23 de diciembre de 2008, tres años y medio después de interpuesta la demanda, admitiendo que era apoderado desde el 27 de abril de 2006.
El planteamiento realizado por Antonio Plasencia fue formulado por su abogado al fiscal Jaime Serrano-Jover al inicio de la semana y tendrá que ser aceptada o denegada antes del día 28, fecha en la que se celebrará la segunda sesión de un juicio suspendido ayer al solicitarlo todas las partes para concretar las negociaciones en marcha.
De prosperar su propuesta, Antonio Plasencia evitaría la cárcel, al igual que José Enrique Morales y Pedro Sicilia. La medida parece que favorecería más a estos dos empresarios puesto que los mismos se han declarado insolventes y no se ha detectado patrimonio susceptible de embargo. Igualmente, evitarían la cárcel.
Hay muchos flecos por resolver en la negociación. Hasta ahora, solo la Fiscalía aceptó plenamente la propuesta de Antonio Plasencia, mientras que los denunciantes, Francisco Javier Hernández y Jesús Segundo Jorge, están estudiándola.
Otro aspecto a definir es la implicación de las administraciones. El Ayuntamiento de Güímar, el Consejo Insular de Aguas, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias tendrán que elaborar y cuantificar el proyecto de restauración de los barrancos y ser beneficiarios del dinero que aporten los acusados.
Cabe recordar que un quinto empresario acusado, Fulgencio Díaz, falleció.
Los denunciantes
El procedimiento comenzó con la denuncia que presentaron Francisco Javier Hernández Armas (entonces, durante el mandato 1999-2003, era el único concejal güimarero del PNC) y el agricultor Jesús Segundo Jorge Díaz. Además, está personado el Ayuntamiento de Güímar, que pide 209 millones de indemnización.
279 millones de coste
Un dictamen pericial de la Fiscalía cifró en 279 millones de euros el coste de la restauración de los barrancos de Güímar, por lo que la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar, Sonia Martínez, estableció fianzas para las acusados por el mismo importe distribuyéndolo así: Francisco Javier del
Rosario, 69.580.175,58 euros; Antonio Plasencia Santos, 66.422.000,46 euros; José Enrique Morales, 62.936.683,02 euros, y Pedro Sicilia la cuantía de 39.064.475,65 euros.
En torno a medio siglo
La extracción de áridos en los barrancos de Güímar se realizó durante casi medio siglo. La causa que juzga la Audiencia Provincial se refiere a la extralimitación de lo autorizado. Las defensas pidieron ayer la nulidad del procedimiento por indefensión y prescripción.